Desendeudamiento: el proyecto quedó listo para ser debatido

El proyecto impulsado por el gobernador Claudio Poggi para crear el “Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar” avanzó en la Legislatura de San Luis y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía emitió despacho por mayoría después de una reunión con representantes sindicales y del sector comercial, mientras que la oposición presentó un dictamen propio por la minoría.

Uno de los cambios incorporados al texto original del Ejecutivo amplía las posibilidades de consolidación de deudas. Ahora podrán contemplarse también obligaciones de los consumidores vinculadas con servicios públicos de competencia provincial, como una eventual deuda con Edesal, de acuerdo con lo que determine la reglamentación.

El proyecto establece dos programas. El primero busca facilitar el desendeudamiento familiar mediante planes de refinanciación con mejores condiciones, mientras que el segundo apunta a incentivar el consumo en comercios de San Luis a través de descuentos, reintegros, vouchers y otras promociones.

Para el programa de desendeudamiento podrán acceder personas con domicilio en la provincia que tengan deudas en mora por más de tres meses con bancos, financieras, fintech, proveedores no financieros de crédito y otras entidades autorizadas por el Banco Central.

Los planes deberán contemplar un plazo mínimo de 24 meses, al menos dos meses de gracia y una cuota que no supere el 30% de los ingresos del grupo familiar. La tasa nominal anual tendrá como límite la TAMAR más 10 puntos porcentuales.

También se prevén quitas de capital e intereses, reducción de tasas, extensión de plazos y consolidación de deudas contraídas con distintas entidades. Una vez formalizado el nuevo plan, las entidades deberán gestionar la actualización de la situación del deudor en los registros correspondientes.

A cambio de ofrecer estas condiciones, las entidades podrán acceder a beneficios fiscales. La Provincia podrá eximirlas de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Sellos en las operaciones vinculadas con las refinanciaciones, bajo las condiciones establecidas por la ley.

El proyecto también establece como requisito que las entidades adheridas desarrollen capacitaciones gratuitas de educación financiera, orientadas a la planificación familiar y la prevención del sobreendeudamiento.

El segundo eje es el Programa de Incentivo al Consumo Familiar. Las entidades que participen del esquema de desendeudamiento podrán ofrecer descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras promociones para compras en comercios de la provincia.

A cambio, podrán obtener un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados. Ese crédito será nominativo, intransferible y podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales.

La presidenta de la comisión, Eugenia Gallardo, sostuvo que la iniciativa busca intervenir sobre las condiciones en las que las familias afrontan sus compromisos financieros y destacó la posibilidad de unificar distintas deudas para simplificar los pagos.

“Permite una reorganización mediante la consolidación de deudas adquiridas con el objetivo de que puedan unificarse en una para aliviar y simplificar la forma de pagarlas”, explicó.

La legisladora señaló además que el objetivo es extender los plazos y reducir las cuotas para liberar parte de los ingresos familiares. Según el Ejecutivo, ese dinero podría volver al circuito económico mediante el consumo.

El proyecto tiene 21 artículos, establece una vigencia inicial de un año y designa al Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública como autoridad de aplicación.

El avance se produjo después de que la comisión recibiera a representantes sindicales y comerciales, entre ellos integrantes de APUNSL, ADU, UPCN, ATE, el Centro de Almaceneros y la Cámara de Comercio de San Luis.

El texto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, mientras continúa el debate entre el oficialismo y los bloques opositores sobre el alcance del programa y los beneficios fiscales previstos para las entidades financieras.