La Justicia frenó el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas y ordenó detener las perforaciones

La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, y dispuso que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar o continuar las obras vinculadas con el emprendimiento hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente.

La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto a partir de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). El fallo tiene 17 carillas y establece que la suspensión se mantendrá hasta que se tramite la evaluación ambiental prevista por la Ley General del Ambiente, salvo que el propio juzgado disponga otra medida.

La prohibición alcanza la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, el tendido de conductos y líneas de flujo y la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga. También impide el inicio de la extracción comercial y comprende obras terrestres y portuarias vinculadas con el proyecto, además de eventuales ampliaciones y trabajos en pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.

Al analizar el peligro en la demora, Borruto sostuvo que “el riesgo no es hipotético ni remoto” y consideró que el proyecto ya había superado una etapa meramente preparatoria. Entre los elementos considerados aparecen la decisión final de inversión anunciada en diciembre de 2025, la ampliación prevista hacia un pozo adyacente y la contratación de una unidad flotante y equipos de perforación.

La jueza aclaró, sin embargo, que la medida cautelar no implica dar por demostrado un daño ambiental. El punto central de la resolución es que, según la documentación incorporada al expediente, no se había realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento destinado a evaluar los posibles impactos del emprendimiento. Un informe de la Subsecretaría de Ambiente fechado el 24 de febrero de 2026 había señalado que no se había presentado “ningún aviso de proyecto”.

El fallo también tomó en cuenta la dimensión ambiental del caso en relación con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. En la resolución, la magistrada señaló que en el planteo “subyace” la defensa de la soberanía nacional y la vinculó con un interés federal. La referencia se encuadra en la posición argentina sobre las islas y sus espacios marítimos, que el Gobierno nacional sostiene como parte del territorio argentino.

El proyecto contempla, de acuerdo con la información incorporada a la causa, el desarrollo de 23 pozos: 16 destinados a la producción de petróleo, seis para inyección de agua y uno para inyección de gas. La estructura de financiamiento está encabezada por Navitas, que aporta el 65%, mientras que el resto corresponde a Rockhopper.

Además de ordenar la paralización de las actividades, la jueza intimó a las dos compañías a presentar en un plazo de 10 días hábiles judiciales una declaración jurada, acompañada por documentación, sobre el estado actual del proyecto.

Deberán informar el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas, los contratistas y subcontratistas involucrados, la estructura societaria, las entidades financieras y aseguradoras y los desembolsos realizados y pendientes. También deberán aportar los estudios ambientales y de riesgo de derrames disponibles.

La resolución ordenó además preservar íntegramente toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada con Sea Lion, sin destruirla, modificarla u ocultarla.

La jueza decidió postergar, en cambio, una prohibición general sobre nuevos contratos de financiación. Consideró que una medida de ese alcance podía afectar a terceros que todavía no habían sido individualizados en el expediente.

El fallo de Río Grande se conoce mientras avanza otra investigación judicial relacionada con la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas, esta vez en los tribunales federales de Comodoro Py.

El Juzgado Federal N° 11, a cargo de Ariel Lijo, dio impulso a una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited, a partir de un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli y de una denuncia presentada por la Cancillería, con asistencia de la Procuración del Tesoro.

El objetivo de esa causa es determinar si Desire Petroleum realizó actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a las Malvinas sin autorización argentina. La investigación también alcanza a sociedades vinculadas y a las personas que eventualmente hubieran actuado en nombre o beneficio de esas compañías.

Entre las medidas ordenadas figuran pedidos de información a organismos nacionales sobre la composición societaria y las actividades de la empresa, además de un exhorto al Reino Unido para obtener documentación sobre sus directivos, representantes legales y eventuales licencias hidrocarburíferas. También se busca reunir información bancaria relacionada con la explotación comercial.

Ambos expedientes tienen objetivos diferentes. La causa de Río Grande es una acción preventiva de carácter ambiental, en la que se dispuso una cautelar para evitar que el proyecto avance sin la evaluación de impacto ambiental exigida por la resolución. La investigación de Comodoro Py es penal y busca establecer si existieron actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Por ahora, ninguna de las dos causas resolvió el fondo de las cuestiones investigadas. En el caso de Sea Lion, las empresas deberán cumplir la suspensión y aportar la información requerida mientras avanza el trámite ambiental y judicial. En Comodoro Py, la investigación continuará con la producción de las medidas de prueba ordenadas por el juzgado.