La Armada denunció pagos irregulares por casi $1.000 millones y la Justicia investiga a 23 personas

La Justicia Federal investiga una presunta maniobra fraudulenta dentro de la Armada Argentina vinculada con la liquidación y acreditación de haberes. Una auditoría interna detectó 645 pagos indebidos por un total histórico de $981.148.567,88, realizados entre julio de 2022 y enero de 2026, y la denuncia alcanza hasta el momento a 23 personas.

La presentación fue realizada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos. La investigación judicial deberá determinar quiénes participaron de las operaciones y cuál fue la responsabilidad de cada uno.

El caso comenzó a partir de una revisión interna del sistema de liquidación de sueldos. Según la denuncia, las irregularidades no se tratarían de errores aislados, sino de operaciones que se incorporaban al proceso mensual de pago de más de 24.000 personas y que habrían sido realizadas después de los controles habituales y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación.

La auditoría cruzó las liquidaciones, los recibos publicados, los archivos enviados a la entidad bancaria y las confirmaciones de las acreditaciones. De acuerdo con la presentación judicial, ese análisis permitió detectar modificaciones manuales de los archivos de pago: se incorporaban determinados importes y, posteriormente, algunos registros eran restituidos a sus valores originales para evitar que las sumas adicionales quedaran reflejadas en los recibos de haberes.

La denuncia describe distintos mecanismos que habrían sido utilizados para generar las acreditaciones. Entre ellos aparecen viáticos por supuestos viajes al exterior que no se habrían realizado, pagos asociados a personas que ya no tenían vínculo con la fuerza y suplementos por funciones o especialidades que no correspondían.

También se investiga un mecanismo mediante el cual determinados agentes habrían recibido suplementos por horas extras o especialidades, con la presunta devolución posterior de una parte del dinero.

Uno de los principales señalados en la denuncia es Ariel Baltasar Atanasoff, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. De acuerdo con las actuaciones administrativas incorporadas a la presentación, el oficial habría reconocido que conocía las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la Armada y que los pagos se cargaban manualmente.

Según el contenido de la denuncia, Atanasoff habría manifestado que él decidía los beneficiarios, los importes y las operaciones y que las realizaba personalmente con el objetivo de favorecer económicamente a determinadas personas. El alcance de esas declaraciones y su eventual responsabilidad penal deberán ser establecidos por la Justicia.

Entre los beneficiarios aparece María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff, quien recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86, de acuerdo con la documentación difundida sobre la denuncia.

El expediente también identifica a otras tres personas que no tenían vínculo laboral o funcional con la Armada. En conjunto, esos cuatro beneficiarios recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto total detectado en la auditoría.

La investigación incluye además situaciones vinculadas con personal de la propia fuerza. Entre los casos mencionados aparece un integrante que habría cobrado haberes correspondientes a una misión en el exterior mientras también recibía pagos en la Argentina, pese a que el sistema contemplaba su exclusión del pago local. También se detectaron acreditaciones a una persona que se encontraba con licencia sin goce de sueldo.

La Armada informó que, a partir de las irregularidades detectadas, los involucrados fueron separados de sus funciones. Además, se dispuso una reorganización del circuito para diferenciar las tareas de liquidación, acreditación y conciliación, mientras se preservaron equipos y archivos considerados relevantes para la investigación.

Según la información difundida sobre el expediente, hasta el momento se habrían recuperado $42,6 millones mediante devoluciones de algunos de los beneficiarios, aunque la investigación continúa para determinar el monto definitivo del perjuicio. La diferencia documentada entre lo detectado y lo restituido ronda los $938,6 millones.

El caso generó además repercusión dentro de la conducción de la fuerza, mientras el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, se encontraba en Paraguay en una visita oficial. Desde la institución remarcaron que existe una política de tolerancia frente a irregularidades en el manejo de fondos públicos y que se adoptarán las medidas correspondientes para determinar responsabilidades.

La investigación judicial se conoce pocos días después de que el Gobierno destinara un refuerzo presupuestario para la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto estratégico para la defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Por ahora, la causa se encuentra en etapa de investigación. La existencia de pagos irregulares surge de la auditoría y de la denuncia presentada por la propia Armada, pero será la Justicia Federal la que deberá establecer si hubo una maniobra delictiva, quiénes participaron y cuál fue finalmente el perjuicio económico ocasionado.