La Justicia bonaerense suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil

La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. Durante ese período deberá evaluarse si el sistema cuenta con las condiciones necesarias para afrontar las modificaciones introducidas por la nueva normativa.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

La medida se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorporó al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años y modificó la edad de imputabilidad, que pasó de los 16 a los 14 años para determinados delitos.

Qué cambia con el nuevo régimen

Con la modificación legal, los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos penales por determinados delitos contemplados en el Código Penal.

El nuevo escenario podría generar un incremento en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema penal y, dependiendo de cada caso, también modificar el tiempo durante el cual algunos permanezcan privados de su libertad.

Ese es precisamente uno de los aspectos que la jueza tomó en consideración al ordenar la suspensión preventiva.

Pascual puso el foco en la capacidad real de la provincia de Buenos Aires para absorber una eventual mayor demanda del sistema y advirtió sobre la necesidad de contar con infraestructura, recursos materiales, establecimientos adecuados y equipos profesionales suficientes.

La advertencia de la jueza

En su resolución, la magistrada sostuvo que el Estado bonaerense no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para afrontar la incorporación de una mayor cantidad de adolescentes al sistema penal.

En ese sentido, planteó que la reforma puede generar un aumento de los jóvenes sometidos al régimen penal, tanto por los nuevos ingresos derivados de la reducción de la edad de imputabilidad como por aquellos casos en los que pueda extenderse el período de privación de la libertad.

La preocupación está puesta, de esta manera, en la capacidad del sistema para responder a ese eventual incremento sin que las condiciones de detención o de tratamiento impliquen una vulneración de derechos.

Una suspensión preventiva, no la eliminación de la ley

La decisión judicial tiene carácter preventivo y temporal. La Justicia ordenó frenar durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense para evaluar las condiciones existentes y determinar si la Provincia está en condiciones de implementarlo.

Pascual fundamentó su decisión en el denominado principio precautorio, según el cual el Poder Judicial puede adoptar medidas anticipadas cuando existan elementos que permitan advertir un riesgo de afectación de derechos fundamentales.

La jueza consideró que no corresponde esperar a que esa eventual vulneración se concrete para intervenir, sino que el Estado debe verificar previamente si dispone de las condiciones necesarias para aplicar el nuevo esquema.

Así, durante los próximos 60 días quedará bajo análisis la capacidad edilicia, institucional y profesional del sistema penal juvenil bonaerense.

El debate queda ahora planteado entre la entrada en vigencia de un régimen que amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal y la capacidad efectiva de la Provincia para aplicarlo garantizando las condiciones y derechos que exige la legislación.