El PJ de San Luis denunció persecución política y apuntó contra la Justicia

El Partido Justicialista de San Luis cuestionó duramente las últimas decisiones adoptadas en la causa conocida como “Molino Fénix” y denunció una presunta utilización política de la Justicia provincial. El espacio opositor apuntó contra el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y el juez de Garantía Santiago Ortiz, a partir de la prisión preventiva dictada contra Anabella Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel.

A través de un comunicado titulado “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías”, el PJ sostuvo que la decisión judicial constituye un «ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar» y advirtió que representa un «gravísimo precedente institucional para San Luis».

Los tres acusados deberán permanecer durante 60 días alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, luego de que Ortiz considerara que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. La resolución fue cuestionada por el justicialismo debido al tiempo que llevaba abierta la investigación.

Según el planteo del PJ, la causa llevaba aproximadamente dos años y medio de investigación y este lunes la Fiscalía había solicitado una prórroga de seis meses para continuar con las actuaciones. Para el partido opositor, durante ese período no se había considerado que existieran riesgos suficientes para disponer una medida de esa gravedad.

«Ahora el magistrado ‘cambió de parecer’: sugestivamente visualiza que puede haber obstrucción en la investigación y peligro de fuga», sostuvo el comunicado.

El justicialismo remarcó además que los tres detenidos «carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar» y aseguró que «no existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga». En ese sentido, cuestionó que el juez haya rechazado las alternativas planteadas por las defensas y optara por ordenar el alojamiento en el Servicio Penitenciario durante 60 días. La decisión, según informó el espacio político, ya fue sometida a revisión.

Uno de los principales argumentos del PJ está relacionado con el carácter excepcional de la prisión preventiva. «La prisión preventiva no es una pena anticipada. Es la medida más gravosa que puede adoptar un juez contra una persona que todavía goza del estado constitucional de inocencia», señaló el partido.

El documento también vinculó el expediente con otro conflicto judicial que involucra al diputado provincial por Pedernera Joaquín Beltrán. El PJ cuestionó el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de la Fiscalía de Estado, para avanzar sobre sus fueros constitucionales y permitir que pueda quedar sometido a una eventual prisión preventiva sin que exista una condena.

A partir de estos episodios, el partido elevó el tono de su denuncia política y habló directamente de una supuesta articulación entre distintas instituciones del Estado provincial.

«Desde el Partido Justicialista denunciamos una preocupante connivencia entre el Gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial», afirmó el comunicado.

El PJ sostuvo además que «la Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente».

La acusación se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el oficialismo provincial y sectores de la oposición peronista, que vienen cuestionando distintas actuaciones judiciales. En su documento, el PJ aseguró que dirigentes de ese espacio atraviesan desde hace casi tres años una situación que calificó como «persecución» y «disciplinamiento judicial».

«En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto», concluyó el partido.

Las acusaciones forman parte del posicionamiento político del PJ y deberán ser contrastadas con las decisiones judiciales y los argumentos de las partes involucradas. La prisión preventiva, por su parte, ya fue sometida a revisión, por lo que será la Justicia la que determine si corresponde mantener, modificar o dejar sin efecto la medida.