Denuncian tala ilegal de bosque nativo en Los Cajones
Un productor rural denunció que desde 2022 un grupo tala algarrobos y quebrachos en campos de Los Cajones. Asegura que fueron extraídas unas 15 toneladas de leña verde y que entre los señalados hay un policía. Reclama respuestas judiciales y ambientales tras presentar denuncias y actas de inspección.
Una denuncia de un productor rural volvió a poner bajo la lupa la presunta tala ilegal de bosque nativo en la zona de Los Cajones, en el norte de San Luis. Mario Baigorria, propietario del establecimiento Tres Acequias, sostiene que desde 2022 un grupo de personas ingresa a campos de la zona para cortar algarrobos y quebrachos, y afirma que entre los señalados hay un integrante de la Policía provincial y familiares.
Según el productor, el volumen de madera extraída durante los últimos años alcanzaría las 15 toneladas de leña verde. Baigorria asegura que presentó denuncias y documentación desde 2024 ante organismos judiciales, la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, Asuntos Internos de la Policía y la Secretaría de Ambiente.
Entre los elementos que dice haber aportado figuran fotografías, actas de inspección ambiental y registros de los ejemplares afectados. En una de esas actas, según su relato, se habría constatado el corte de 18 algarrobos verdes y cuatro quebrachos.
Baigorria, quien cuenta con el asesoramiento de la abogada Ana Lía Sosa, sostiene además que las mismas personas habrían ingresado a otros establecimientos rurales de la zona. Entre ellos mencionó un campo ubicado sobre la Ruta Nacional 20, perteneciente a un productor de apellido Suárez.
La denuncia también incluye otros episodios que el productor vincula con los mismos sospechosos. Entre ellos mencionó la presunta usurpación de una vivienda perteneciente a una persona fallecida y el desmantelamiento de una antigua casilla de Vialidad.
Según su denuncia, en esos lugares también se habrían cortado ejemplares de algarrobo y eucalipto y se habrían sustraído chapas.
El productor apuntó particularmente contra una familia de apellido Escudero y expresó sospechas sobre una eventual protección por parte de integrantes de la Policía de San Luis. Afirmó que, en distintas ocasiones, los efectivos habrían llegado al lugar después de que las personas denunciadas ya se hubieran retirado.
“Han tenido tiempo para huir”, cuestionó Baigorria, quien asegura haber presentado fotografías y numerosas actas de infracción como respaldo de sus reclamos.
También solicitó que intervengan fuerzas distintas de la Policía provincial para investigar los hechos. Según afirmó, ese pedido todavía no habría tenido una respuesta.
En sus presentaciones, el productor también mencionó a la intendenta de Lafinur, Gladys Cornejo, y sostuvo que existiría un vínculo familiar con una de las personas señaladas. Se trata, al igual que el resto de las acusaciones formuladas, de afirmaciones que deberán ser corroboradas mediante una investigación judicial y administrativa.
La situación se desarrolla en un contexto en el que San Luis avanza con la actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una herramienta prevista por la Ley Nacional de Bosques Nativos para determinar las áreas de conservación y las actividades permitidas en cada sector.
La Secretaría de Ambiente provincial explica que el OTBN clasifica los bosques en tres categorías: rojo, para áreas de alto valor de conservación donde no deben realizarse transformaciones ni aprovechamiento forestal; amarillo, para sectores de valor medio que pueden requerir restauración; y verde, donde pueden admitirse transformaciones de acuerdo con la normativa vigente.
La propia cartografía ambiental de la provincia identifica al algarrobo y al quebracho blanco entre las especies características de los bosques de San Luis. En particular, el bosque de algarrobo se extiende por el noreste provincial y está asociado a otras especies nativas.
La denuncia de Baigorria expone así un conflicto que, según su relato, lleva varios años y combina presunta tala clandestina, daños al bosque nativo, posibles ingresos no autorizados a propiedades privadas y cuestionamientos al accionar de organismos públicos.
El productor sostiene que remitió documentación y copias de sus denuncias a autoridades policiales y al Multifuero de Santa Rosa del Conlara. Mientras aguarda respuestas, afirma que la tala continúa y reclama que la Justicia determine quiénes son los responsables y si existió algún tipo de colaboración o protección por parte de funcionarios o efectivos policiales.
Por el momento, las acusaciones formuladas por el productor constituyen materia de denuncia y deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes.
