Sturzenegger y Bullrich acordaron cambios a la ley de tierras y se debatirá el 6 de agosto

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron mantener las modificaciones incorporadas al proyecto que elimina parte de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras el entendimiento, el oficialismo confirmó que la iniciativa será tratada en el recinto el próximo 6 de agosto.

Bullrich informó que el ministro aceptó los cambios consensuados entre los senadores de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, lo que permitió destrabar una discusión que había sido postergada en varias oportunidades.

«El 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados», afirmó la legisladora tras una reunión mantenida con Sturzenegger en el Senado, de la que también participó el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Uno de los principales puntos de debate fue el alcance de las facultades de las provincias para autorizar la venta de tierras a inversores extranjeros, especialmente en zonas de seguridad de frontera.

Según explicó Bullrich, las modificaciones incorporadas responden a una visión federal sobre la administración del territorio. «Las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a dictar leyes propias», señaló.

La senadora agregó que Sturzenegger tenía reparos sobre algunos cambios, pero finalmente aceptó el texto consensuado. «Le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, sumando a las provincias en decisiones sobre zonas fronterizas para facilitar inversiones», sostuvo.

Bullrich también defendió el proyecto al asegurar que la iniciativa no afecta la soberanía nacional. «La propiedad de la tierra no pone en riesgo la soberanía, porque las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros», afirmó.

Los principales cambios del proyecto

La versión del dictamen que llegará al recinto establece que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre las tierras ubicadas dentro de su territorio y podrá fijar el régimen jurídico aplicable para autorizar operaciones de compraventa.

El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que obtengan una autorización expresa tanto del gobierno provincial correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, dispone que todas las compras de tierras rurales realizadas por personas o empresas extranjeras deberán inscribirse en el Registro Nacional de Tierras Rurales.

En el caso de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera, la operación también requerirá la aprobación de la provincia y del Gobierno nacional.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación del mecanismo de silencio administrativo positivo, que establecía que, si la Nación o la provincia no respondían un pedido de autorización dentro de un plazo de seis meses, la operación quedaba aprobada automáticamente. Con la nueva redacción, la autorización deberá ser siempre expresa.

El proyecto había sido retirado de la sesión del pasado 16 de julio debido a diferencias dentro del oficialismo y a la falta de apoyo suficiente entre los bloques aliados. Tras el acuerdo alcanzado esta semana, el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa en la próxima sesión.