Revés para Argentina: deberá pagar una millonaria indemnización por Aerolíneas

La Justicia de Estados Unidos ratificó la condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y confirmó que el Estado deberá pagar más de USD 390 millones al fondo Titan Consortium. La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechazó el recurso presentado por el país y dejó firme el fallo que reconoce el laudo arbitral vinculado a la reestatización de la compañía aérea.

El litigio se originó tras la reestatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, aprobada por el Congreso en 2008 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando ambas compañías estaban bajo el control del grupo español Marsans. A raíz de esa decisión, los entonces accionistas iniciaron un proceso arbitral internacional al considerar que la expropiación vulneró sus derechos como inversores.

En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de los demandantes y fijó una indemnización que, con el paso de los años y la acumulación de intereses, superó los USD 390 millones. Luego de que el pedido de nulidad presentado por la Argentina fuera rechazado en 2019, la Justicia estadounidense reconoció el laudo y habilitó su ejecución.

El beneficiario de la sentencia es Titan Consortium, fondo que adquirió los derechos del litigio. Durante 2024 ambas partes mantuvieron negociaciones para alcanzar un acuerdo, pero el Estado argentino modificó su estrategia judicial y finalmente no concretó el pago, lo que derivó en el inicio de acciones para ejecutar el fallo mediante el embargo de activos soberanos.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones, el margen de maniobra del Gobierno quedó considerablemente reducido. Si bien todavía podrían evaluarse nuevas alternativas legales para demorar la ejecución o negociar con los acreedores, la sentencia fortalece la posición del fondo demandante para avanzar con el cobro de la indemnización.

El fallo representa un nuevo revés para la Argentina en los tribunales internacionales y vuelve a poner el foco sobre las consecuencias económicas derivadas de los litigios por expropiaciones realizadas por el Estado. Además, especialistas consideran que la decisión podría influir en otras causas pendientes vinculadas a arbitrajes internacionales contra el país.