Denuncian a Laura Sánchez por presunto uso de fondos municipales
El bloque del PJ denunció penalmente a la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Laura Sánchez, por el presunto uso de fondos municipales para pagar la luz de un predio privado con canchas de fútbol. Solicitan que la Justicia investigue y ordene el corte del servicio.

El bloque de concejales del Partido Justicialista (PJ) presentó una denuncia penal contra la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Laura Sánchez, por el presunto uso de fondos municipales para el pago del suministro eléctrico de un predio privado donde funcionarían canchas de fútbol vinculadas a la dirigente oficialista.
La presentación judicial fue realizada a fines de la semana pasada y solicita que la Justicia investigue el hecho y disponga el corte del servicio, con el objetivo de evitar —según plantean los denunciantes— que continúe el presunto perjuicio a las arcas municipales.
El concejal Andrés Russo explicó que la denuncia se originó a partir de información vinculada al ámbito deportivo y que luego fue verificada mediante documentación pública disponible en la página de la empresa distribuidora de energía Edesal.
“Lo hemos detectado con las facturas que se pueden bajar a través de la página de Edesal, colocando el NIS. Las facturas figuran a nombre de la Municipalidad”, afirmó el edil en diálogo con La Gaceta Digital.
Según el bloque opositor, el suministro eléctrico estaría asociado a un inmueble ubicado en República Árabe de Siria 2702, donde funcionarían canchas de fútbol presuntamente vinculadas a Sánchez. En ese lugar, aseguran, el servicio figura a nombre de la Municipalidad de San Luis.
Como parte de la presentación, el PJ incorporó documentación y capturas del sistema municipal en las que constaría un trámite de cambio de titularidad del inmueble, lo que, según interpretan, refuerza la necesidad de que la Justicia investigue el caso.
Russo calificó la situación como una “irregularidad enorme” y sostuvo que, de confirmarse, implicaría el uso de recursos públicos para financiar un emprendimiento privado.
El concejal también indicó que solicitaron una medida urgente para evitar que el presunto perjuicio continúe. “Le hemos solicitado que rápidamente indique el corte del suministro para que no se continúe con el delito porque lo está pagando el Municipio”, señaló.
En relación con los montos, precisó que las facturas analizadas oscilarían entre $500.000 y $700.000 mensuales, aunque aclaró que será materia de investigación determinar el origen real de los pagos y la imputación del servicio.
El edil planteó además que uno de los puntos a esclarecer será si el suministro corresponde efectivamente a la Municipalidad o a otro organismo, lo que quedará sujeto a la revisión de la cuenta de inversión cuando ingrese al Concejo Deliberante.
Por último, Russo afirmó que el bloque decidió acudir directamente a la Justicia sin mantener contacto previo con la funcionaria denunciada, al considerar que se trata de un hecho que debe ser investigado con urgencia.
La denuncia fue presentada con el patrocinio del abogado y exconcejal Alejandro Cordido, y ahora deberá ser analizada por la Justicia para determinar si se abre una investigación formal.
