Impulsan que el Ejecutivo de San Luis respete el orden de mérito judicial
El bloque justicialista presentó un proyecto para que el gobernador esté obligado a designar jueces según el orden de mérito definido por el Consejo de la Magistratura. La iniciativa retoma una propuesta anunciada por Claudio Poggi y busca limitar la discrecionalidad política en los nombramientos judiciales.
El bloque de diputados provinciales del Frente Unidad Justicialista presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de selección de magistrados, fiscales y defensores en San Luis. La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo quede obligado a respetar el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura, limitando así su margen de discrecionalidad al momento de proponer candidatos para ocupar cargos judiciales.
La propuesta plantea cambios en los artículos 11 y 12 de la Ley VI-0615-2008, norma que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial. De aprobarse, el gobernador deberá remitir al Senado el pliego del postulante ubicado en el primer lugar del orden de mérito surgido de los concursos públicos.
Desde el justicialismo señalaron que el proyecto toma como base una de las reformas institucionales anunciadas por el gobernador Claudio Poggi durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de abril, cuando adelantó modificaciones destinadas a fortalecer la institucionalidad y el funcionamiento de los poderes del Estado.
Los legisladores sostienen que la iniciativa apunta a reforzar la independencia judicial y garantizar que el acceso a la magistratura se base exclusivamente en antecedentes, capacitación, experiencia y desempeño en los concursos, evitando cualquier influencia política en la etapa final de designación.
Entre los fundamentos, remarcan que la ciudadanía reclama mayor transparencia en la selección de jueces y fiscales y que la confianza en las instituciones depende, en gran medida, de la idoneidad y autonomía de quienes integran el Poder Judicial.
El proyecto también detalla los parámetros para evaluar a los postulantes. Entre ellos figuran títulos de posgrado, actividad académica, publicaciones especializadas, antecedentes profesionales y experiencia en la función judicial.
Según el texto presentado, una vez finalizado el concurso, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para enviar al Senado el pliego correspondiente al candidato mejor ubicado en el orden de mérito. Posteriormente, deberá realizarse la audiencia pública prevista para el tratamiento legislativo de la designación.
La discusión se produce en un contexto en el que el Consejo de la Magistratura de San Luis mantiene abiertos distintos concursos para cubrir vacantes judiciales en la provincia, bajo el esquema establecido por la ley vigente.
Con esta presentación, el peronismo trasladó el debate sobre la reforma judicial al ámbito legislativo antes de que el oficialismo impulse su propio proyecto. La iniciativa ya fue girada a comisión, donde comenzará su análisis y deberá reunir los consensos necesarios para avanzar en el tratamiento parlamentario.
