Crece la polémica por la ley que permite otro trabajo a empleados judiciales
El Frente Unidad Justicialista rechazó la reforma que habilita a empleados judiciales a trabajar en el sector privado fuera del horario tribunalicio. La oposición denunció salarios bajos, recortes presupuestarios y advirtió sobre un impacto negativo en la profesionalización del sistema judicial.
El bloque Frente Unidad Justicialista votó este jueves en contra de la reforma del artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, una modificación que habilita a empleados judiciales a ejercer actividades privadas fuera del horario laboral. Desde la oposición denunciaron que la medida busca compensar el deterioro salarial del sector y advirtieron sobre el impacto que podría tener en la calidad del servicio judicial.
La reforma alcanza a agentes judiciales como peritos, psicólogos, informáticos, contadores y administrativos, aunque excluye a magistrados, fiscales y defensores oficiales.
Durante el debate legislativo, la diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó el planteo impulsado por el oficialismo y aseguró que la iniciativa representa “un parche” frente a la crisis salarial que atraviesa el Poder Judicial.
“Nuestra postura es: ¿por qué no aumentan los sueldos? Porque, ¿dónde van a ir a buscar empleo los judiciales con la tasa de desocupación que hay?”, expresó la legisladora.
Sosa Araujo también advirtió que el Gobierno provincial redujo partidas destinadas a la Justicia y disminuyó cargos técnicos y profesionales, una situación que —según sostuvo— repercute directamente en el funcionamiento de los tribunales.
“El Ejecutivo no solo bajó el monto para la Justicia, sino que redujo cargos técnicos y profesionales. Tenemos menos psicólogos y les decimos que vayan a la calle a trabajar; después le reclamamos a la Justicia que no cumple con los tiempos”, afirmó.
En la misma línea se manifestó la diputada María José Zanglá, quien criticó la falta de un debate más amplio sobre la situación estructural del sistema judicial y cuestionó que la reforma parezca responder a “intereses de terceros”.
La legisladora sostuvo además que las tendencias modernas en gestión de recursos humanos apuntan precisamente en sentido contrario al pluriempleo.
“Cuando hablamos de administración de recursos humanos, la tendencia actual en grandes instituciones es evitar el pluriempleo para lograr un mejor desarrollo del empleado, mayor compromiso, profesionalización y adhesión con lo que está realizando”, señaló.
Zanglá también presentó datos sobre la situación salarial del sector judicial provincial y aseguró que hubo un fuerte deterioro en los últimos años.
Según indicó, un informe elaborado por el Instituto de Investigadores Judiciales, la Federación Judicial Argentina y la Junta Federal de Cortes ubica a la provincia entre las peores del país en materia salarial para profesionales judiciales.
“San Luis estaba tercera a nivel nacional en magistrados y empleados, y ahora tenemos este dato”, remarcó.
La diputada también cuestionó la falta de estadísticas oficiales que respalden la necesidad de avanzar con la modificación legislativa.
“No hay ningún estudio que se nos haya puesto en la mesa sobre productividad, ausentismo, salubridad o satisfacción laboral. Simplemente tenemos dos pedidos y la realidad de los puestos”, concluyó.
La reforma impulsada por el oficialismo abre ahora una nueva discusión dentro del ámbito judicial y sindical, donde distintos sectores ya comenzaron a expresar preocupación por las consecuencias que podría generar la flexibilización laboral dentro de la administración de Justicia.
