Inversiones por más de USD 1.000 millones: así será el Súper RIGI

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley del denominado Súper RIGI, un nuevo régimen de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala en industrias tecnológicas y actividades que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados junto a otros proyectos impulsados por el Ejecutivo, entre ellos la Ley de Lobby, una propuesta sobre ludopatía y la reforma de la Ley de Etiquetado Frontal.

Bajo el nombre oficial de «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», el esquema busca atraer desembolsos superiores a los USD 1.000 millones en sectores considerados estratégicos para el futuro productivo del país, como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital.

El proyecto establece que solo podrán acceder a los beneficios aquellas actividades que no se desarrollen actualmente en el país o que se encuentren en una etapa experimental o piloto. De esta manera, quedan excluidas las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de emprendimientos ya existentes.

Para ingresar al régimen, las inversiones deberán realizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), sociedades creadas específicamente para cada iniciativa. Además, las empresas deberán ejecutar al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años desde su adhesión.

Entre los principales beneficios figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, por debajo de la prevista en el RIGI vigente y muy inferior a la tasa general que pagan actualmente las empresas. También contempla amortización acelerada de inversiones y la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal.

La propuesta incluye además una disminución de la carga impositiva sobre dividendos y utilidades distribuidas, que se reduciría al 3,5% luego de cuatro años de permanencia en el régimen.

En materia aduanera, prevé la exención de derechos de importación y exportación para bienes y productos alcanzados por el programa. A esto se suma un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: las empresas podrán disponer del 20% de esos ingresos durante el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la garantía de estabilidad jurídica por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Además, habilita la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales para resolver eventuales controversias.

El texto también establece que las provincias y municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos ubicados en sus territorios puedan acceder a los beneficios. En ese sentido, advierte que cualquier normativa local que modifique o limite los incentivos previstos podría ser considerada nula.

Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es posicionar a la Argentina como un destino atractivo para industrias vinculadas a la economía del conocimiento y las tecnologías de avanzada. El Gobierno sostiene que el régimen permitirá generar nuevas cadenas productivas, incrementar exportaciones y atraer inversiones que actualmente se radican en otros mercados.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley una de las apuestas económicas más ambiciosas de la gestión de Javier Milei.