La Justicia extendió restricciones a exfuncionarios investigados por fraude millonario
La Justicia de San Luis prorrogó por otros 60 días las medidas cautelares contra el diputado nacional Ernesto Alí y los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de fraude contra la administración pública.
La decisión fue adoptada este martes por la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, quien hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción N°6 de la ciudad de San Luis.
La resolución también alcanza a los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali.
Entre las medidas prorrogadas se encuentran la obligación de firmar mensualmente ante la Fiscalía y la inhibición general de bienes para la mayoría de los imputados.
La magistrada además mantuvo la prohibición de salir de la provincia para todos los acusados, con excepción de Alí y Anastasi.
Banó fundamentó la decisión en el avance de la causa hacia etapas intermedias y de eventual juicio oral, y sostuvo que los riesgos procesales aumentan conforme se profundiza la investigación.
La fiscal Linda Maluf argumentó que las medidas son necesarias para garantizar los fines del proceso y recordó que la causa ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio formalizado.
También señaló antecedentes condenatorios por delitos dolosos respecto de uno de los imputados, situación que podría derivar en una declaración de reincidencia.
Desde la Fiscalía de Estado, el representante Juan Ignacio Trusendi adhirió al planteo del Ministerio Público y ratificó la denuncia que originó la investigación.
Las defensas cuestionaron la continuidad de las restricciones y sostuvieron que los acusados siempre estuvieron a disposición de la Justicia.
El abogado Nedo Gómez, representante de Ernesto Alí, calificó las medidas como un “hostigamiento” y afirmó que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlas.
Además, cuestionó la inhibición de bienes y sostuvo que no se acreditó el presunto perjuicio económico investigado.
En la misma línea se expresaron los defensores de Claudio Latini y Jeremías Vivas, quienes pidieron el levantamiento de las restricciones por considerarlas desproporcionadas.
La causa investiga presuntas irregularidades en convenios firmados entre el Ministerio de Seguridad provincial y distintos municipios para la refacción de comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales.
Según la acusación fiscal, durante la gestión de Anastasi se adjudicaron contratos de manera directa y se realizaron desembolsos millonarios que habrían superado ampliamente los porcentajes previstos en los acuerdos.
La investigación sostiene que las obras nunca se ejecutaron o quedaron inconclusas pese a los pagos efectuados.
Posteriormente, ya bajo la gestión de Latini, los convenios fueron rescindidos “de común acuerdo” argumentando dificultades económicas e inflación.
Sin embargo, informes técnicos y constataciones judiciales realizadas entre 2023 y 2024 habrían confirmado que los trabajos comprometidos no fueron realizados y que muchos de los lugares continuaban abandonados.
La Fiscalía sostiene que existió un “modus operandi” basado en la firma de contratos, liberación de fondos públicos y posterior cancelación de obras sin rendiciones suficientes.
Por esos hechos, Anastasi y Latini fueron imputados por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, Alí, Vivas y Canali fueron acusados como coautores de fraude contra la administración pública y otros delitos vinculados al ejercicio de la función pública.
