30 abril, 2026

Otorgan prisión domiciliaria al policía acusado de golpear a Brian Arévalo

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La Justicia otorgó prisión domiciliaria al policía imputado por la golpiza a Brian Arévalo, aunque deberá cumplir los 90 días de detención.

La Justicia dispuso la prisión domiciliaria para Matías Escudero, el efectivo policial acusado por la golpiza a Brian Arévalo, en el marco de una audiencia multipropósito que se extendió por casi tres horas.

La audiencia estuvo a cargo del juez Marcos Flores Leyes, quien debió realizar un cuarto intermedio al ser requerido en el Servicio Penitenciario.

Según explicó el abogado querellante Nedo Gómez, durante la jornada fueron rechazados todos los planteos de la defensa, incluyendo la excepción de tipicidad, la nulidad del proceso y el intento de incorporar nuevas pruebas mediante imágenes y videos.

En relación a la medida, Gómez aclaró que la prisión preventiva “se modificó a domiciliaria”, pero que el imputado deberá cumplir la totalidad de los 90 días establecidos, aunque ahora en su vivienda y no en una unidad penitenciaria.

El magistrado también dispuso restricciones específicas, entre ellas la prohibición de contacto con la víctima y el impedimento de comunicarse con otros miembros de la fuerza policial.

El hecho investigado ocurrió el pasado 9 de abril en la peatonal Mendoza del barrio 292, donde Arévalo fue interceptado por efectivos policiales. Según la acusación, el procedimiento derivó en una agresión que le provocó lesiones graves, incluyendo fracturas en el rostro.

Por estos hechos, Escudero fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales. Inicialmente, se le había dictado prisión preventiva por 90 días en el Servicio Penitenciario.

La medida fue cuestionada por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y por el gobernador Claudio Poggi, quienes la consideraron excesiva.

En paralelo, la fiscalía sostiene que el accionar no habría sido individual y no descarta nuevas imputaciones, mientras continúa el análisis de posibles irregularidades en el procedimiento policial posterior al hecho.

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