Mafia de las escrituras: ya son 16 los imputados en la megacausa
Por Alejo Pombo
La denominada “mafia de las escrituras” sumó un nuevo capítulo: la Justicia imputó al ingeniero Salvador Presti y ya son 16 las personas acusadas en una megacausa que investiga un presunto entramado de estafas inmobiliarias en la provincia.
La audiencia de formulación de cargos se realizó este miércoles en el Juzgado de Garantía N° 4, donde la jueza Luciana Banó dio por formalizada la imputación a partir del planteo de la fiscal adjunta Ornella Costa, quien lleva adelante la investigación junto al fiscal de Instrucción Francisco Assat.
Según la acusación, Presti habría participado en una de las maniobras vinculadas a la apropiación ilegítima de un extenso inmueble rural ubicado en la zona de Vallecitos. Para la Fiscalía, el mecanismo no fue aislado: formaría parte de un esquema planificado que combinaba engaño, documentación apócrifa y utilización del sistema judicial para legitimar las operaciones.
De acuerdo con esa hipótesis, el proceso comenzaba con la captación de la confianza del propietario —generalmente mediante un poder para realizar gestiones— y continuaba con la construcción de una cadena dominial ficticia a partir de documentos falsos. Luego, se impulsaban demandas judiciales basadas en esos instrumentos y se incorporaban testigos falsos para sostener la versión ante los tribunales.
El resultado, siempre según la investigación, era la obtención de sentencias favorables que ordenaban la escrituración de los inmuebles a nombre de los acusados, consolidando así la apropiación de los bienes bajo una apariencia de legalidad.
En este caso, la Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como falsificación de instrumentos públicos y privados, uso de documento falso y estafa procesal, en calidad de autor.
Además, solicitó medidas de coerción para garantizar la sujeción de Presti al proceso: firma periódica, prohibición de salir de la provincia y una medida de no innovar sobre un inmueble de su propiedad, con el objetivo de preservarlo ante un eventual decomiso. Tanto la querella como la Fiscalía de Estado acompañaron el pedido.
Por su parte, la defensa —a cargo del abogado Maximiliano Del Signore— rechazó la imputación y sostuvo que carece de precisión. También planteó que su cliente podría ser víctima dentro de una estructura más amplia y solicitó 120 días para producir prueba, incluyendo pericias y requerimientos a organismos públicos.
Tras escuchar a las partes, la magistrada convalidó la imputación y las medidas solicitadas.
Una estructura bajo sospecha
La investigación apunta a un presunto esquema delictivo organizado y sostenido en el tiempo, con roles distribuidos entre sus integrantes para ejecutar distintas maniobras de apropiación de inmuebles.
Entre las prácticas detectadas, la Fiscalía destaca la generación de documentación falsa —contratos, certificaciones notariales y constancias administrativas— y la utilización de domicilios ficticios o controlados para evitar que los verdaderos dueños fueran notificados.
Esto derivaba en su declaración de rebeldía y permitía avanzar con procesos judiciales sin oposición, induciendo a error a los jueces intervinientes. Finalmente, los inmuebles eran inscriptos a nombre de los acusados en el Registro de la Propiedad.
El fiscal Assat ya advirtió en audiencias anteriores que el perjuicio económico sería de gran magnitud. La causa, que lleva más de tres años de investigación, es considerada de alta complejidad por la cantidad de implicados y la sofisticación de las maniobras.
