Reforma laboral: la CGT judicializó la ley y apuntó contra el discurso de Milei

Por Alejo Pombo
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes frente a los Tribunales de la calle Talcahuano y formalizó la presentación de recursos judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral sancionada el viernes pasado por el Senado.
La conducción de la central obrera ingresó escritos ante el fuero Laboral y el Contencioso Administrativo, en los que cuestiona la validez constitucional de la norma y advierte que vulnera principios protectores del derecho del trabajo y el criterio de progresividad en materia de derechos sociales.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar”, sostuvo Jorge Sola, cosecretario general de la CGT y titular del gremio de los Seguros. “Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, agregó ante la prensa.
La presentación fue realizada junto a los dirigentes Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), aun cuando la ley todavía no fue promulgada por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei.
Críticas al Gobierno y al discurso presidencial
Además del planteo estrictamente jurídico, la CGT aprovechó la convocatoria para cuestionar el rumbo económico del Gobierno y el discurso presidencial del domingo en la apertura de sesiones ordinarias.
Jerónimo afirmó que la ley “no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores” y sostuvo que algunos sectores comienzan a replantearse su acompañamiento al oficialismo. “Esperábamos algún anuncio positivo sobre producción y trabajo, y fue todo lo contrario”, señaló, al tiempo que calificó al actual modelo como “un Gobierno para pocos y de especulación financiera”.
Por su parte, Argüello rechazó las afirmaciones oficiales sobre una mejora en el empleo. “Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró, y calificó la exposición del Presidente ante la Asamblea Legislativa como “una gran mentira, un show”, en el que —según dijo— “no dejó nada concreto” sobre cómo se crearán nuevos empleos.
El eje del conflicto
La central obrera cuestiona que la reforma avance sobre institutos tradicionales del derecho laboral argentino, reduzca costos de despido y flexibilice condiciones de contratación, lo que —según su interpretación— afectaría la tutela del trabajador como parte más débil de la relación laboral.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la normativa apunta a dinamizar el mercado de trabajo, reducir litigiosidad y fomentar la formalización del empleo.
El conflicto abre ahora un nuevo frente judicial y político. La resolución de los tribunales será clave para determinar si la reforma entra plenamente en vigencia o si parte de su articulado queda suspendido en función de medidas cautelares o declaraciones de inconstitucionalidad.
