El Gobierno habilitó la «Transferencia Express» digital para usuarios registrados
El Registro Nacional de Armas (RENAR) oficializó la creación de la «Tenencia por Transferencia Express», un trámite 100% digital que permite el cambio de titularidad de armas entre particulares sin necesidad de gestiones presenciales. La medida, válida para usuarios con credencial vigente y armas con código CUIM, busca agilizar la trazabilidad del material y reducir los tiempos administrativos mediante el uso de la plataforma MiRenar.
Por Alejo Pombo
BUENOS AIRES. – A través de la Resolución 2/2026, el Gobierno Nacional dio un paso decisivo en la modernización del control de armas de fuego en Argentina. La implementación de la Transferencia Express permite que legítimos usuarios —incluyendo personal de fuerzas armadas, de seguridad y civiles habilitados— realicen el cambio de titularidad de un arma de manera íntegramente online, eliminando las históricas verificaciones físicas y traslados a delegaciones.
Requisitos y alcance del sistema Para acceder a esta modalidad, el proceso debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma MiRenar. Los requisitos fundamentales son:
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Identificación: El arma debe poseer el Código Único de Identificación de Material (CUIM).
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Registro: Tanto el comprador como el vendedor deben estar registrados en la plataforma y poseer su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) vigente.
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Inexistencia de impedimentos: Ninguna de las partes debe contar con restricciones judiciales o administrativas.
Costos y Modernización A pesar del cambio de formato, las tasas se mantienen estables bajo el sistema de unidades RENAR (fijadas en $2.000 cada una). El trámite completo implica un costo de 20 unidades por la credencial de tenencia y 10 por la tarjeta de consumo de munición, totalizando un arancel de $60.000.
Esta medida se complementa con la reciente centralización de importaciones y exportaciones a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA), consolidando una estrategia de trazabilidad digital. Según el director ejecutivo Juan Pablo Allan, el objetivo es reducir los «cuellos de botella» burocráticos y fortalecer el control estatal sobre el mercado legal de materiales sensibles.
