La ministra de Seguridad pidió reducir la edad de imputabilidad a 12 años
Por Alejo Pombo
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que la edad de imputabilidad penal debería reducirse “hasta los 12 años” y consideró que el piso de 13 resulta insuficiente, en el marco de la inclusión de la reforma de la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
“Debería ser menos”, señaló la funcionaria al referirse al límite de 13 años, y sostuvo que la aprobación del proyecto impulsado por el oficialismo representará “un cambio de sistema”. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el debate parlamentario permita avanzar hacia una reducción mayor del umbral de imputabilidad.
Monteoliva celebró que el tema vuelva a formar parte de la agenda legislativa y destacó que la discusión comenzará a partir del 2 de febrero. “Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido”, expresó, y remarcó la necesidad de actualizar un régimen que rige desde 1980.
En su argumentación, la ministra advirtió que la Argentina se encuentra rezagada en comparación con otros países de la región, donde la edad mínima de imputabilidad se ubica, en la mayoría de los casos, entre los 12 y los 14 años. Señaló además que los cambios en las dinámicas del delito exigen una respuesta diferente del Estado.
Según explicó, las organizaciones criminales modificaron sus estrategias y actualmente reclutan niños para cometer delitos, lo que evidencia una mutación en las modalidades delictivas y deja expuestas las limitaciones del marco legal vigente.
Las declaraciones de Monteoliva se alinean con la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también defendió públicamente la reforma al considerar que el régimen actual resulta injusto tanto para las víctimas como para los propios menores involucrados.
La reactivación del debate parlamentario se da en un contexto de fuerte sensibilidad social por hechos delictivos recientes protagonizados por menores, una situación que volvió a colocar la edad de imputabilidad en el centro de la agenda política y pública.
