La Corte tomó control de los bienes de Báez: Comienza el traspaso de USD 60 millones al Estado
La Corte Suprema inició el proceso formal para incorporar al Estado más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa “la ruta del dinero K”. El máximo tribunal solicitó al TOF 4 la transferencia de los fondos y la documentación de las subastas realizadas. La ejecución de los decomisos quedó habilitada tras quedar firmes las condenas, mientras sigue judicializado el decreto que buscaba crear un Consejo de Bienes Recuperados.
Por Alejo Pombo
La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el proceso formal de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y diversos bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. La medida se activó luego de que las condenas y los decomisos quedaran firmes tras la decisión del máximo tribunal en mayo pasado.
El procedimiento se oficializó a través de un oficio enviado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel. En el documento, Romero informó que se dispuso el decomiso definitivo y la adjudicación de los fondos obtenidos por subastas, además de avanzar con la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.
De acuerdo con la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021 —y confirmada por la Cámara de Casación en 2023— los montos decomisados ascienden a USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra sujeta a actualización conforme al índice de precios del consumidor elaborado por el INDEC.
En esa línea, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia de las sumas retenidas hacia dos cuentas bancarias pertenecientes al máximo tribunal y la remisión de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, según confirmó M24Digital.com.
El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema —con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— declaró inadmisibles los recursos interpuestos por las defensas, dejando firmes las condenas y habilitando la ejecución efectiva de los decomisos.
Mientras tanto, el proceso continúa atravesado por una controversia institucional. En paralelo al avance de la Corte, el Poder Ejecutivo había creado mediante decreto el Consejo de Bienes Recuperados, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia destinado a administrar los activos decomisados. Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que suspendió su aplicación.
El magistrado consideró que la norma “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e interviene en la estructura y dinámica del Poder Judicial, afectando su independencia, autonomía funcional y autarquía presupuestaria. Esa definición dejó en suspenso la implementación del nuevo organismo, mientras persiste el debate sobre el destino y la administración de los activos recuperados por la Justicia.
