La caída en términos reales de los recursos transferidos de 3,7 puntos porcentuales con una inflación estimada en 36%, se dio a pesar de la mejora observada en los últimos meses del año.
Las provincias percibieron en 2020 recursos por $1.950.020,7 millones en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, con un incremento del 32,26% respecto de los recursos recibidos en 2019, lo que representa una pérdida frente a la inflación por segundo año consecutivo.
La caída en términos reales de los recursos transferidos de 3,7 puntos porcentuales con una inflación estimada en 36%, se dio a pesar de la mejora observada en los últimos meses del año, en los que hubo aumentos que superaron a los del índice de precios interanual, pero que no alcanzaron para compensar la pérdida de los primeros ocho meses, en especial por los efectos de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social en la recaudación impositiva.
El retroceso real fue inferior al de 2019, cuando las transferencias a las provincias por coparticipación tuvieron un incremento del 46,4%, mayor al de 2020 pero más de 7 puntos porcentuales debajo del 53,8% de inflación de aquel año.
El desfase es mucho más amplio si se lo compara con la evolución del dólar, tanto el oficial, el mayorista y en especial el paralelo, que más que triplicó el incremento nominal de la coparticipación.
Otro dato preocupante de cara al 2021 es que la caída en términos reales se dio a pesar del reintegro gradual de 3 puntos porcentuales por año por los recursos retenidos durante un cuarto de siglo para el financiamiento de la ANSeS.
Esa devolución ya se completó y en consecuencia en 2021 las provincias no se verán beneficiadas por ese aporte adicional que, en gran medida, ayudó a disimular la merma real de las transferencias entre 2016 y 2020.
Por otra parte, la distribución de esos casi dos billones de pesos de transferencias por Coparticipación en 2020 no se dio de manera homogénea, ya que la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de los recortes aplicados a finales del año, tuvo un incremento nominal del 15,95%, en tanto, las transferencias a las 23 provincias más que duplicó ese porcentaje al alcanzar el 33,25%.
Los datos oficiales, informados por la Comisión Federal de Impuestos (CFI) indican que el promedio de los 24 distritos tuvo un incremento anual del 32,26%, con cinco jurisdicciones por debajo de ese nivel: La Pampa (31,76%), Córdoba (30,34%), San Luis (30,32%), Santa Fe (27,83%) y el ya mencionado caso de la Ciudad de Buenos Aires, más alejado del resto con sólo el 15,95%.En los cinco casos hay razones para explicar el rezago respecto de los 19 distritos restantes:
-Córdoba, Santa Fe y San Luis tuvieron una base de comparación mayor al resto, debido al fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2015 que ordenó reintegrarle de una vez el 15% retenido durante un cuarto de siglo para financiar la ANSeS, en tanto a los otros 21 distritos la devolución fue gradual, a razón de tres puntos porcentuales por año a partir de 2016.
-La Pampa y San Luis no adhirieron al Consenso Fiscal de 2017 y en consecuencia no fueron beneficiadas con las compensaciones que se dieron a las demás jurisdicciones.
-En el caso de CABA, el 15 de septiembre de 2020 el presidente Alberto Fernández resolvió reducir su alícuota del 3,50% al 2,32%, que luego por ley se retrotrajo al 1,40% vigente hasta 2015, un porcentaje que comenzará a hacerse efectivo una vez que finalice el plazo de negociación de 60 días posteriores a la sanción de la norma.
Las transferencias por coparticipación se efectúan en forma automática desde la Casa Matriz del Banco Nación a todas las 24 jurisdicciones subnacionales.
La ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos fue sancionada hace 33 años, en enero de 1988, en un contexto político marcado por las elecciones del 6 de septiembre del año anterior, que representó una dura derrota para el radicalismo que por entonces gobernaba el país, ya que sólo pudo retener las provincias de Córdoba y Río Negro, en tanto el Justicialismo -que volvería al poder en 1989- se había impuesto en 17 provincias.
Ese nuevo escenario político marcó las deliberaciones y los porcentajes finalmente asignados a la Nación y a cada provincia (por entonces 22), en particular porque dos de los gobernadores del PJ eran a su vez precandidatos presidenciales: Antonio Cafiero y Carlos Menem.
Diferentes participantes de las negociaciones aseguraron que ambos contendientes buscaron apoyos para la elección interna que iban a disputar a cambio de una mayor asignación de recursos.
Esas «fallas de origen» se potenciaron con los años, a raíz de la creación de nuevos impuestos, algunos no coparticipables y otros con una distribución porcentual diferente, así como la aplicación de Pactos Fiscales, el Fondo del Conurbano, la transferencia a las provincias de los servicios de salud y educación, la autonomía de Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cuestiones.
Por si fuera poco, el pasado jueves se cumplieron 24 años de incumplimiento del mandato constitucional que estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 1996 para la sanción de una nueva ley de Coparticipación.