Sturzenegger impulsa dos reformas que prometen fuerte debate en el Congreso

El Gobierno nacional ultima los detalles de dos proyectos de ley que buscará enviar al Congreso tras el receso invernal: una reforma integral del Código Aduanero y una profunda desregulación del mercado inmobiliario. Ambas iniciativas forman parte del plan de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se suman a otros proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada para el segundo semestre.

En el caso del mercado inmobiliario, la propuesta apunta a modificar el régimen del corretaje para que deje de ser considerado una profesión liberal y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. Entre los principales cambios se analiza eliminar la obligatoriedad de la matrícula en colegios profesionales, permitir que los corredores puedan operar en distintas jurisdicciones sin restricciones y reducir las facultades regulatorias y disciplinarias de esas entidades.

Desde el sector que impulsa la reforma sostienen que el objetivo es fomentar la competencia, facilitar el ingreso de nuevos operadores y reducir las barreras de acceso a la actividad. En ese marco, referentes del ecosistema proptech participaron en la elaboración de propuestas que fueron acercadas al Ministerio de Desregulación durante el proceso de redacción del proyecto.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una actualización del Código Aduanero con el objetivo de simplificar procedimientos, reducir la burocracia y agilizar las operaciones de comercio exterior. La iniciativa también contempla revisar distintos aspectos del régimen sancionatorio y de los controles aduaneros, como parte de la estrategia oficial para facilitar las importaciones y exportaciones.

La reforma genera preocupación entre los trabajadores de la Dirección General de Aduanas. Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) advirtieron que una modificación estructural sin la participación de los empleados del organismo podría afectar la capacidad de fiscalización y control del Estado sobre el comercio exterior.

El gremio también manifestó coincidencias con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios respecto de la necesidad de fortalecer los controles contra el contrabando y el comercio ilegal. Ambas entidades sostienen que la problemática genera pérdidas fiscales y afecta la competitividad de la industria nacional.

Las dos iniciativas forman parte del paquete de reformas que el Gobierno pretende reactivar una vez que el Congreso retome la actividad legislativa. El oficialismo buscará abrir el debate en un escenario parlamentario complejo, donde deberá reunir apoyos para avanzar con su agenda de desregulación económica.