Sturzenegger avanza con un proyecto que cambiaría el negocio inmobiliario
El Gobierno prepara una reforma para desregular el mercado inmobiliario que elimina requisitos para ejercer el corretaje, habilita el ingreso de empresas y plataformas digitales y promueve una mayor competencia. La iniciativa será enviada al Congreso y ya genera debate en el sector.
El Gobierno nacional avanza en un proyecto de ley que busca transformar el mercado inmobiliario argentino mediante una profunda desregulación del corretaje. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone flexibilizar los requisitos para ejercer la actividad, ampliar la participación de nuevos actores y fomentar una mayor competencia en el sector.
El texto, que forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas, establece que para desempeñarse como corredor inmobiliario solo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario expedido o revalidado en la Argentina. De esta manera, dejarían de exigirse la matrícula obligatoria y otros requisitos profesionales previstos en distintas normas provinciales y en los colegios del sector.
Uno de los cambios más relevantes es que la actividad podrá ser desarrollada tanto por personas humanas como jurídicas, lo que abriría la puerta al ingreso de empresas tecnológicas, plataformas digitales y nuevos modelos de intermediación inmobiliaria. Además, el proyecto habilita expresamente la prestación de estos servicios a través de entornos digitales.
La iniciativa también redefine las funciones de quienes intervengan en operaciones inmobiliarias. Entre otras atribuciones, podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, ofrecer garantías vinculadas a las operaciones y representar a una de las partes durante el proceso de compraventa o alquiler.
Otro de los ejes del proyecto apunta a garantizar la libre competencia. El texto establece que cualquier regulación futura sobre el corretaje deberá respetar principios de igualdad de acceso, transparencia y competencia, por lo que considera incompatibles las restricciones vinculadas con la residencia en una jurisdicción determinada o la fijación de honorarios mínimos, máximos o valores de referencia.
La propuesta también contempla la derogación de diversos artículos de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial, con el objetivo de adecuar el marco normativo al nuevo esquema de funcionamiento que impulsa el oficialismo.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá reducir costos de intermediación, facilitar el ingreso de nuevos operadores y modernizar un mercado que, según su diagnóstico, presenta barreras regulatorias que limitan la competencia y encarecen las operaciones inmobiliarias.
La iniciativa, sin embargo, ya genera resistencia entre colegios profesionales y cámaras del sector, que advierten sobre el impacto que podría tener la eliminación de la matrícula obligatoria en materia de seguridad jurídica y protección de los consumidores. El proyecto será enviado al Congreso en las próximas semanas y deberá ser debatido por ambas cámaras antes de convertirse en ley.