Sobreseyeron a los compañeros de Lucas y prohibieron la salida del país de los policías por el crimen
Por Gabriel Rodriguez
La investigación por el homicidio del joven Lucas González pasó hoy al juzgado nacional de instrucción penal 7, a cargo del magistrado Martín Del Viso, horas después de que el juez de Menores Alejandro Cilleruello dictara el sobreseimiento de los tres adolescentes que habían sido imputados por los policías de la Ciudad que les dispararon.
Los policías habían impulsado la acusación contra los jóvenes por la supuesta comisión de los delitos de «daño» (por el roce de los vehículos cuando las víctimas intentaban escapar de la agresión) y «atentado y resistencia a la autoridad».
El juez Del Viso recibirá en las próximas horas el primer informe del resultado de la autopsia, que tenía entre sus principales premisas la extracción de los dos plomos de la cabeza de Lucas González para someterlos a un peritaje que determine de qué arma salieron disparados.
Esa pericia es fundamental para la continuidad de la causa, puesto que permitirá identificar a quien efectuó los disparos mortales, y si fueron uno o dos tiradores.
Los tres policías acusados, el oficial José Nievas, el oficial mayor Fabián López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi, designaron como defensor a Alfredo Oliván, un abogado que habitualmente se ocupa de casos en los que aparecen imputados miembros de fuerzas de seguridad.
Los padres de Lucas, en tanto, serán patrocinados por Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien dieron una conferencia de prensa este mediodía en la que el letrado anticipó que denunciarán al juez Cilleruello ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones.
Dalbón reclamó la inmediata detención de los policías implicados en la muerte de Lucas y pidió que no se politice el caso.
La familia convocó para el próximo lunes a las 19 a una marcha frente a Tribunales para reclamar justicia y pidió que los asistentes se abstengan de concurrir con banderas políticas.
La Justicia dispuso hoy la realización de la autopsia, después de que ayer se cumpliera la voluntad de los padres de Lucas González, de donar sus órganos.
Los tres policías -a quienes se les prohibió la salida del país- están bajo custodia de la propia fuerza y no fueron ordenadas sus detenciones porque aún no está claro cuál fue la conducta de cada uno en el caso.
De la investigación surgió que está probado que dos de los tres imputados, el inspector Gabriel Isasi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, efectuaron disparos, al menos cinco, según las vainas recuperadas en el lugar de los hechos, aunque no se descarta que hayan sido más.
Si sólo dos dispararon, los peritajes –que demorarán entre cinco y siete días- deben demostrar de qué arma provinieron los proyectiles mortales, pues de esa manera se definirán las imputaciones: quien cometió homicidio agravado, quién cometió tentativa de homicidio y quién es autor de encubrimiento.
Una indagatoria sin precisar el rol de cada uno podría dar lugar a nulidades posteriores por violación a la garantía de defensa en juicio.
En su resolución, el juez Cilleruello sostuvo que «los únicos y verdaderos imputados en autos resultaban ser los policías», por lo que decidió «la desvinculación definitiva de las personas menores de edad, quienes, como todo parece indicar, fueron víctimas de la policía».
Sólo un domo (cámara de seguridad de la Ciudad) con la lente dañada captó parcialmente el momento en que el auto de los policías, sin identificación, cruzó al de los jóvenes, pero no se divisa allí el ataque a balazos ni tampoco la secuencia completa de los hechos.
No obstante, la evidencia recolectada indica que «se trataba de un asalto y no de una orden emanada de autoridad policial que legítimamente les ordena algo propio de sus funciones, en este caso interceptar el vehículos para que se detuvieran con fines identificatorios».
«No surge que el accionar del personal policial haya sido una actuación clara para que las personas a quien iba dirigida la orden de detención pudieran circunscribirse y actuar conforme ella. (…) La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza», añadió el juez.
