Por Alejo Pombo
El gobierno de Javier Milei ha dado un paso clave hacia la apertura del fútbol argentino a capitales privados, al reglamentar la posibilidad de que los clubes se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) sin enfrentar sanciones de la AFA o sus respectivas ligas.
A través de un decreto, Milei estableció un plazo de un año para que las entidades adapten sus estatutos y permitan la libre competencia de las SAD en el ámbito deportivo.
Esta medida, iniciada en diciembre como parte del mega decreto de desregulación económica, ha sido recibida con resistencia por parte de la AFA. Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la asociación, convocó a los clubes a aprobar una resolución que prohíbe el ingreso de capitales privados al fútbol. Tapia advirtió que los clubes que acepten esta reforma podrían ser sancionados, incluso con la expulsión de competencias oficiales.
El decreto 730, publicado hoy en el Boletín Oficial, introduce una cláusula crucial en la Ley del Deporte que protege los derechos de las organizaciones deportivas, asegurando que puedan competir independientemente de su estructura jurídica. Esto representa un cambio significativo en la gestión del fútbol y otras disciplinas como el hockey, rugby y básquet, que el gobierno y sectores deportivos ven como una oportunidad de crecimiento en un contexto donde muchos clubes enfrentan dificultades económicas.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la medida, cuestionando a la AFA por su oposición: «¿Por qué le tienen miedo a que sus socios elijan con mayor libertad cómo organizarse? Queremos un fútbol desarrollado para que podamos ver crecer a nuestros jugadores aquí y no en el extranjero».
El decreto establece que las asociaciones deportivas tienen un año para ajustar sus estatutos según las nuevas disposiciones. Esto permitirá que los clubes se conviertan en sociedades anónimas o se asocien con capitales privados, con el objetivo de mejorar la calidad del deporte en el país.
La AFA, sin embargo, ha reiterado su postura, afirmando que las resoluciones de la Inspección General de Justicia no afectan el estatuto social de la asociación y que seguirán exigiendo que los clubes sean «Asociaciones Civiles sin fines de lucro». La entidad advierte que la aceptación de capitales privados podría resultar en la expulsión de los clubes de la organización.
