25 abril, 2024

Martín Báez rechazó los cargos y aseguró que no tiene decisión en Austral

Martín Báez, hijo del detenido empresario Lázaro Báez, afirmó hoy que es un accionista minoritario de «Austral Construcciones», con casi ningún poder de decisión en esa firma de su padre, al rechazar los cargos en su contra, durante una nueva indagatoria en la causa por «lavado de activos», ante el juez federal Sebastián Casanello.

Martín Báez, hijo del detenido empresario Lázaro Báez, afirmó hoy que es un accionista minoritario de «Austral Construcciones», con casi ningún poder de decisión en esa firma de su padre, al rechazar los cargos en su contra, durante una nueva indagatoria en la causa por «lavado de activos», ante el juez federal Sebastián Casanello.

Báez se negó a responder preguntas pero en un escrito remarcó que sólo tiene el 5 por ciento de las acciones de «Austral Construcciones» lo que representa «una porción ínfima» y poca capacidad de toma de decisiones, según el texto al que accedió Télam.

Al igual que hizo su padre en la indagatoria de ayer, Martín Báez reiteró que la operación multimillonaria con bonos por la que están acusados se hizo como parte de su intención de adjudicarse la licitación de la construcción de las represas Presidente Néstor Kirhcner y Gobernador Jorge Cepernic en Santa Cruz.

Y contó que «previo a ello» se buscó constituir una unión transitoria de empresas con «Iecsa, la empresa de Angelo Calcaterra» y Austral Construcciones.

Báez se quejó por haber sido convocado «sin prueba alguna», según el escrito entregado a Casanello, en el que repitió casi todos los argumentos dados ayer por su padre al ser indagado.

Báez hijo, quien está libre, fue indagado al igual que Lázaro por una maniobra de colocación de bonos de deuda soberana argentina por 33 millones de pesos que estaban en poder de la empresa Helvetic Group y que a través del endoso de nueve cheques terminaron en cuentas de Austral Construcciones.

Precisamente, Casanello ordenó la captura nacional e internacional de quien figura como responsable local de esta empresa, Marcelo Ramos, citado a declaración indagatoria para el 13 de mayo y que todavía no pudo ser localizado.

En el escrito, Martín Báez argumentó que «el dinero producto de la liquidación de títulos públicos no guarda relación con ninguna maniobra ilícita descripta en este expediente».

«Tampoco se vincula con ninguna maniobra que me pueda ser imputada a título personal. Me pregunto entonces por qué razón estaríamos ante una operación de lavado de dinero y por qué y con qué pruebas se afirma mi participación», continuó el hijo del empresario.

«Tal como ha afirmado mi padre, entre Austral Construcciones SA, Sinohydro Corporation Limited y Iecsa SA., se suscribió un memorándum de entendimiento para presentarse en la licitación de los Proyectos de Usinas Hidroeléctricas Pte. Kirchner y Gob. Cepernic en la Provincia de Santa Cruz», agregó.

También reiteró los cuestionamientos a la acusación por lavado de activos en su contra: «Disponer de un importante patrimonio no guarda ninguna relación lógica ni de ninguna otra clase con realizar operaciones de lavado de dinero».

Y se quejó porque al dictar su procesamiento por los cinco millones de dólares contados en la ex financiera SGI, la «Rosadita», Casanello embargó todos los bienes de la familia, además de dictar la prisión preventiva a su padre y a su contador Daniel Perez Gadín.

«Se impone a mi familia la pena económica total (lo equiparable a la reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado de cuya constitucionalidad es probable que V.S. haya renegado) al proceder a la confiscación de prácticamente la totalidad de los bienes», comparó.

«No se ha probado la ilicitud del patrimonio de mi familia, ello además no es el objeto procesal en esta investigación y por el momento el mismo goza de una presunción de legalidad incuestionable.
Por ello no se entienden las afirmaciones en torno al patrimonio de mi familia y las participaciones en sociedades», concluyó Báez.

Báez hijo llegó a los tribunales federales de Comodoro Py a las 10 y permaneció en el despacho de Casanello, ubicado en el cuarto piso, hasta cerca de las 11.30.

En este tramo de la investigación, el juez federal Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan pusieron bajo la lupa una multimillonaria operación con bonos de la deuda soberana argentina tendiente a reingresar al país dinero que pertenecería al grupo empresario Báez.

Se trata de un depósito de nueve cheques por un monto equivalente a 208.840.876 pesos realizado por la sociedad suiza Helvetic Services Group, a través del Banco Nación, a la firma Austral Construcciones, insignia del grupo Báez.

Esos cheques, según consta en la investigación, se encontraban endosados por Jorge Chueco –en su calidad de apoderado de Helvetic- y fueron depositados por Eduardo Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral.

«Las operatorias consistían en transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA; a su vez esta firma, que registraba una cuenta comitente en la sociedad de bolsa ‘Financial Net Sociedad de Bolsa’, adquiriría bonos de deuda soberana. Luego esos títulos se transferían en dólares a través de un sistema de compensación y liquidación en Suiza, y, finalmente, reingresarían al país para ingresar al patrimonio de Austral Construcciones», había consignado Casanello al dictar los procesamientos en esta causa.