La UNSL extiende la toma de edificios en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Por Alejo Pombo
La Asamblea Interclaustro de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) decidió este lunes extender la toma de edificios universitarios, incluyendo ahora el Bloque IV. Esta medida de fuerza, iniciada por estudiantes y docentes, es en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que consideran una amenaza directa a la educación pública y su sostenibilidad en el tiempo.
La protesta comenzó la semana pasada con la toma del Bloque I, uno de los edificios principales de la universidad, cuando estudiantes y profesores se unieron para visibilizar su descontento. Luego de que la Cámara de Diputados ratificara el veto presidencial a la ley, la asamblea decidió intensificar las acciones, extendiendo la ocupación al Rectorado de la UNSL, lo que significó un impacto directo en las actividades administrativas.
Ahora, la decisión de tomar el Bloque IV responde a la necesidad de profundizar la medida y aumentar la presión para que el reclamo tenga un mayor eco tanto en la comunidad universitaria como en el ámbito político nacional. La asamblea, que incluye a representantes de todos los claustros (docentes, no docentes, estudiantes y graduados), continúa organizando y debatiendo sobre los pasos a seguir en esta protesta, buscando mantener la atención pública sobre la problemática que enfrenta la universidad.
El impacto en las actividades académicas y administrativas
Con la extensión de la toma, el Rectorado y el Bloque IV se suman a los edificios universitarios ocupados, lo que ha generado la suspensión total de las actividades en esas áreas. Sin embargo, la UNSL informó a través de un comunicado oficial que en el resto de los bloques —incluyendo los Bloques I, II y III— las actividades continúan con normalidad. Asimismo, las dependencias como el Comedor Universitario, la DOSPU (Dirección de Obra Social para el Personal Universitario), el Jardín Maternal y los centros educativos de Villa Mercedes y Merlo seguirán funcionando sin interrupciones.
Una de las decisiones tomadas por la asamblea fue permitir el acceso al Bloque IV únicamente para aquellos docentes y estudiantes que necesiten rendir exámenes. Esta medida busca no afectar en mayor medida el rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de aquellos que se encuentran en etapas decisivas de sus carreras.
El reclamo por el financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el Poder Ejecutivo, establecía un incremento progresivo en el presupuesto destinado a las universidades públicas, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la educación superior en el país. Entre los puntos más relevantes de la ley se incluían fondos para infraestructura, salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y apoyo a proyectos de investigación y extensión.
El veto a esta ley generó una fuerte reacción en el ámbito universitario, especialmente en universidades como la UNSL, que dependen del financiamiento estatal para cubrir sus necesidades. Tanto estudiantes como docentes ven en esta medida un retroceso en la política educativa y una amenaza a la calidad y acceso a la educación superior en Argentina.
“Este veto es un golpe a la educación pública. Las universidades necesitan financiamiento para poder cumplir con su rol social, de formar profesionales, producir conocimiento y dar respuesta a las problemáticas del país”, declaró una representante estudiantil que participa de la toma.
Por su parte, un profesor de la Facultad de Ciencias Humanas expresó: “No se trata solo de salarios, se trata de garantizar la continuidad de los proyectos de investigación, del equipamiento de los laboratorios, del acceso de estudiantes de bajos recursos a la educación. Es una medida que impacta en todos los aspectos de la vida universitaria”.
Repercusiones y respuestas del Gobierno
Hasta el momento, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta oficial al reclamo de la comunidad universitaria de San Luis. Sin embargo, en el ámbito académico y sindical, se han multiplicado las voces que piden una solución al conflicto. El veto a la Ley de Financiamiento Universitario ha generado descontento en diferentes universidades del país, lo que podría llevar a una escalada de protestas en otras instituciones.
A nivel provincial, la toma de la UNSL ha provocado reacciones en distintos sectores. Mientras que algunos grupos apoyan la protesta y ven en ella una manifestación legítima en defensa de la educación pública, otros sectores han manifestado su preocupación por la interrupción de las actividades académicas y el posible impacto en el calendario escolar.
Futuro de la protesta
La Asamblea Interclaustro mantiene reuniones diarias para evaluar la evolución del conflicto y las medidas que tomarán en los próximos días. Hasta el momento, no se ha definido una fecha para el fin de la toma, y los estudiantes y docentes insisten en que la protesta se mantendrá hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno nacional.
Los manifestantes han expresado su voluntad de dialogar y buscar una solución, pero advierten que no se retirarán de los edificios tomados hasta que el financiamiento universitario sea garantizado.
