Por Alejo Pombo
La Justicia porteña falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito y le dio la razón al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta al considerar que tiene «autonomía y competencias propias» para no acatar el DNU del gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
Fue la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, la que se pronunció así sobre una presentación hecha por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, contra el decreto presidencial.
El tribunal resolvió «hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación; disponer la suspensión de lo dispuesto en el artículo 2°, párrafo tercero, del DNU y ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires».
«Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país», agregaron.
La Cámara de Apelaciones está compuesta por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli. Esta última había sido recusada por los abogados Adrián Albor y María Cecilia Fernández por ser hermana del secretario de Ambiente del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, quien también se desempeña como secretario general del partido Pro local.
«La doctora Macchiavelli es hermana del principal armador político de Rodríguez Larreta. Así las cosas, esta parte posee un fundado temor de que no pueda decidir con ecuanimidad», habían planteado los letrados Albor y Fernández.
Sin embargo, López Alfonsín y Perugini, los otros dos jueces del tribunal, rechazaron esa presentación, al considerar que «no existe la mentada conexidad, razón por la cual no se vislumbra una vinculación entre los mencionados expedientes que le otorguen legitimación a los presentantes en esta causa». La decisión de la Justicia de la Ciudad no puede ser recusada por el gobierno nacional, que adoptó el DNU de restricciones, ya que no forma parte del caso. dLa Justicia porteña desautorizó el DNU presidencial y avaló que los chicos sigan yendo a la escuela.
