La Justicia prorrogó las restricciones contra ex funcionarios de Alberto Rodríguez Saá investigados por corrupción
La Justicia extendió por 60 días las medidas de coerción contra tres ex funcionarios provinciales investigados por presuntas irregularidades en obras públicas.
Seguirán con bienes inhibidos y deberán firmar el libro de imputados, mientras que dos de ellos no podrán salir de San Luis.
La causa se encuentra en su etapa final y la Fiscalía anticipó que avanzará con la acusación.
María Cruz*
La Justicia provincial resolvió prorrogar las restricciones contra ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá investigados por presuntos hechos de corrupción. El juez Marcos Flores Leyes, subrogante del Juzgado de Garantía N°4, extendió por otros 60 días las medidas de coerción contra Claudio Latini, Luciano Anastasi y Ernesto “Pipi” Alí, en el marco de una causa por fraude contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los tres imputados deberán continuar firmando el libro de imputados y mantener la inhibición general de bienes. Además, Latini y Anastasi tendrán prohibido salir de la provincia durante el plazo dispuesto. Las restricciones originales, que regían por 120 días, vencieron el 24 de enero, lo que motivó la audiencia de prórroga realizada la semana pasada.
En la misma causa también están imputados el ex intendente de San Francisco, Jeremías Vivas, y el ex jefe comunal de Cortaderas, Mario Canali, quienes deberán cumplir con las mismas medidas. Ninguno de los cinco acusados asistió a la audiencia, aunque sí participaron sus defensas, que se opusieron a la extensión de las restricciones.
La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción N°6, Linda Maluf, quien explicó que los imputados son investigados por presuntas irregularidades en convenios de obra pública firmados desde el ministerio de Seguridad con los municipios de La Toma, San Francisco y Cortaderas. Según detalló, el esquema se repetía en distintas contrataciones: se transferían fondos, se otorgaban adelantos y las obras nunca se ejecutaban ni se rendían cuentas.
El primer hecho involucra a Anastasi, Latini y Alí, por tres contratos firmados en agosto de 2022 con la Municipalidad de La Toma por un total de $28.801.501, destinados a refacciones en dependencias policiales y de bomberos que no se concretaron. El segundo hecho alcanza a Anastasi, Latini y Vivas, por contratos celebrados en noviembre de 2022 con la Municipalidad de San Francisco por más de $17 millones, cuyos edificios permanecían abandonados al momento de una constatación judicial realizada en marzo de 2024. El tercer caso involucra a Latini y Canali, por un contrato de $14.993.638 para la refacción de una subcomisaría en Cortaderas, rescindido sin inicio de obra.
Respecto de la inhibición de bienes, Maluf señaló que se trata de una medida habitual en causas donde está comprometido el patrimonio de los imputados, con el objetivo de garantizar una eventual reparación en caso de condena. Además, adelantó que la Investigación Penal Preparatoria se encuentra en su tramo final y que restan pocas medidas antes de formular la acusación.
La situación judicial de Latini presenta un agravante adicional: en octubre pasado fue condenado en otra causa por corrupción, por el delito de peculado, y recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según indicó la fiscal, una eventual nueva condena podría modificar su situación procesal, en función del resultado del juicio.
