La Justicia le impuso una perimetral a L-Gante por la causa de amenazas en General Rodríguez

La Justicia dispuso una restricción perimetral para L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, en el marco de la causa que investiga una serie de amenazas ocurridas en General Rodríguez. La medida también alcanza a los otros dos imputados, Elías Cruceño y Aaron Del Médico.

La resolución fue adoptada por la fiscal Florencia Toscano, quien ordenó el cese del hostigamiento y estableció que los tres imputados deberán evitar cualquier tipo de contacto con los denunciantes y sus allegados. La prohibición incluye comunicaciones a través de WhatsApp, redes sociales y otros medios.

Además, Valenzuela, Cruceño y Del Médico no podrán aproximarse al inmueble familiar que se encuentra en el centro del conflicto.

La decisión fue difundida por el periodista Pampa Mónaco durante el programa La Mañana con Moria, de eltrece. De acuerdo con el documento mencionado en el programa, la Fiscalía consideró acreditados, en esta etapa de la investigación, los hechos denunciados a partir del análisis de 68 videos aportados por el Centro de Monitoreo.

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por las personas que ocupaban la propiedad de la familia de Valenzuela. Según su presentación, el cantante habría concurrido al lugar durante un intento de desalojo y las habría amenazado con personas armadas.

A partir de la denuncia, la Fiscalía N° 10 de General Rodríguez ordenó una serie de allanamientos. Uno de los procedimientos se realizó en la vivienda del artista y terminó con el secuestro de teléfonos celulares. De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, no fueron encontradas armas en el domicilio.

La imputación contra Valenzuela contempla los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio. La calificación y sus consecuencias penales deberán determinarse a medida que avance el proceso.

La situación adquiere especial relevancia porque el cantante ya cuenta con una condena de tres años de prisión en suspenso por una causa anterior. En caso de una eventual nueva condena, la situación de esa pena previa deberá ser analizada judicialmente de acuerdo con las circunstancias y las resoluciones que correspondan.

La disputa por la propiedad, mientras tanto, constituye un aspecto diferente del expediente. La propia Fiscalía aclaró que la eventual usurpación del inmueble no es el eje de la investigación que motivó esta causa, que se concentra en los hechos denunciados ocurridos durante el episodio registrado en el acceso a la vivienda.

La restricción perimetral es una medida preventiva dentro del proceso y no implica una declaración de culpabilidad. La investigación continuará para determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad que, eventualmente, le corresponda a cada uno de los imputados.