La Justicia española inhabilitó al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación
La Justicia española condenó a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por una contratación considerada irregular en la Diputación de Badajoz. Fue absuelto del delito de tráfico de influencias y la sentencia no contempla una pena de prisión.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos al considerar que fue beneficiado con una contratación irregular en la Diputación de Badajoz. El tribunal lo declaró culpable como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, aunque lo absolvió del delito de tráfico de influencias y descartó imponerle una pena de prisión.
Según la sentencia, el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios fue creado específicamente para David Sánchez y no respondía a una necesidad real del organismo provincial. Los magistrados sostuvieron que la plaza estaba «vacía de contenido» y que su creación obedeció al interés particular del futuro adjudicatario, vulnerando los principios de mérito, capacidad e igualdad que deben regir el acceso a la función pública.
Durante el juicio declararon numerosos testigos. Entre ellos, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, quien afirmó que la iniciativa para crear el cargo no surgió del área de Cultura, sino de las máximas autoridades de la Diputación. Además, una aspirante al puesto aseguró que antes de la entrevista le advirtieron que la vacante estaba destinada al hermano del actual jefe del Gobierno.
En la misma causa también fue condenado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien recibió una pena de 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. El fallo alcanzó además a otros exfuncionarios y responsables del organismo provincial por su participación en el proceso de contratación.
La investigación se inició en 2024 a partir de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias. Los hechos juzgados se remontan a 2017, cuando David Sánchez accedió al cargo que ocupó hasta principios de 2025. La Fiscalía había solicitado la absolución de todos los acusados, mientras que las acusaciones particulares reclamaban penas de prisión, petición que finalmente fue rechazada por el tribunal.
La defensa de David Sánchez ya anunció que recurrirá la sentencia ante instancias superiores. Mientras tanto, el fallo representa un nuevo frente judicial para el entorno del presidente Pedro Sánchez, aunque la resolución se limita a la inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y no implica el ingreso en prisión.
