La Justicia de EE.UU. fijó para 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el expresidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y delitos vinculados al uso de armas. La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este miércoles en un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York.

Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante un operativo militar estadounidense. Ambos se declararon inocentes de todos los cargos que les imputan y sostienen que el procedimiento fue ilegal.

Durante la audiencia, el juez federal Alvin Hellerstein estableció además el calendario previo al juicio. La defensa tendrá plazo hasta septiembre para presentar un pedido de desestimación de la causa, basado principalmente en la supuesta inmunidad de Maduro por haber ejercido la jefatura del Estado venezolano. Los argumentos serán analizados en una audiencia prevista para el 17 de noviembre de 2026.

El exmandatario enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y otros artefactos destructivos. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena de cadena perpetua, según la legislación estadounidense.

La fiscalía sostiene que Maduro utilizó su posición al frente del Estado venezolano para facilitar durante años el envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense, en coordinación con organizaciones criminales. La acusación también alcanza a Cilia Flores, quien enfrenta cargos por su presunta participación en la estructura investigada.

Durante sus comparecencias judiciales, Maduro se definió como un «prisionero de guerra» y reiteró que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Su equipo legal adelantó que también cuestionará la legalidad de la operación militar que permitió su captura y traslado a Estados Unidos.

El proceso es considerado uno de los casos internacionales de mayor impacto en la Justicia estadounidense de los últimos años y marcará un precedente por tratarse del juicio contra un exjefe de Estado extranjero acusado de narcoterrorismo en una corte federal de Nueva York.