Indignación en Chaco: el jefe de la Policía admitió que cobra más de $10 millones al mes
Por María Cruz*
El jefe de la Policía del Chaco reveló que cobra más de 10 millones de pesos mensuales y generó una ola de críticas
En medio de la grave crisis económica que atraviesa el Chaco y gran parte del país, el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Javier Romero, reconoció públicamente que percibe un salario mensual superior a los 10 millones de pesos. La revelación se produjo durante una entrevista con el ex policía y comunicador Gustavo Olivello, quien lo consultó directamente por el tema. “No me sobra, pero me alcanza”, respondió Romero, confirmando así los rumores que circulaban.
La cifra, que supera por amplio margen los ingresos de altos funcionarios como jueces, legisladores e incluso del gobernador Leandro Zdero, representa más de 36 veces el salario mínimo vital y móvil en Argentina, y ha generado un fuerte repudio social. En una provincia donde miles de trabajadores estatales cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza, el dato fue considerado por muchos como un símbolo de los privilegios que persisten en la administración pública.
El escándalo estalló en redes sociales, donde usuarios reclamaron mayor transparencia en el uso de los fondos públicos y exigieron explicaciones a las autoridades. “Mientras los hospitales no tienen insumos y las escuelas se caen a pedazos, el jefe policial cobra como un CEO”, fue una de las críticas más replicadas.
Además del debate salarial, el dato revive cuestionamientos sobre la seguridad y el desempeño policial en Chaco, donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El contraste entre el alto ingreso del comisario y los problemas estructurales de la provincia suma presión al gobierno provincial, que hasta el momento no se pronunció oficialmente sobre el tema.
La polémica promete escalar en los próximos días, con sectores políticos y sociales que ya exigen una revisión urgente de los salarios jerárquicos en el Estado. Mientras tanto, la declaración de Romero continúa generando rechazo en una comunidad golpeada por la inflación, el desempleo y la precariedad de los servicios públicos.
