Por Gabriel Rodríguez
A un día de cumplirse las dos semanas de la desaparición de la pequeña Guadalupe Belén Lucero Cialone, todo es «negativo y sin novedades», mientras crece la desesperación de sus familiares y de acuerdo a las distintas hipótesis que manejan los investigadores del caso, «cada vez se complica más la situación».
Los nuevos rastrillajes concretados ayer en dos villas turísticas, ubicadas a 40 kilómetros de la ciudad de San Luis, como los operativos, que hasta incluyeron excavaciones, en la denominada «zona cero» por el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, donde fue vista por última vez la niña de cinco años, no arrojaron resultados positivos.
En tanto, Silvia Domínguez, la abuela materna de la nena, criticó al accionar de la Policía de San Luis y a las autoridades judiciales a cargo del caso, al manifestar que «no dejan entrar a equipos
especializados de otros lugares que tienen recursos y experiencia» en búsqueda de personas extraviadas.
El cuestionamiento surgió cuando un director de una brigada canina de Chile publicó en sus redes sociales que estuvo en contacto con la familia de Guadalupe Lucero Cialone y ofreció sus servicios, hasta asegurar que sus perros y adiestradores se encuentran en la ciudad santafesina de Laguna Paiva a la espera de ser llamados.
Esta intervención del presunto experto chileno y la participación de videntes solo vienen a sumar mayores elementos de confusión, mientras los operativos que llevan adelante centenares de efectivos de distintas fuerzas de seguridad no logran aportar «datos concretos» sobre el paradero o el destino de la niña.
«Un rapto con presuntos fines de abuso sexual, la captación de una red de trata y hasta la siempre negada pista de una venganza narco contra su entorno familiar, conforman el abanico de hipótesis que se manejan, al descartarse que se trate de un extravío», sostienen desde la investigación del caso.
«No puede ser que el Jefe de Policía de San Luis (en referencia al comisario general Darío Neira) se guíe por lo que le dice una vidente para los operativos», se quejó la abuela de Guadalupe, quien en las mismas declaraciones periodísticas, se quedó sobre los supuestos impedimentos para que trabajen otros equipos de búsqueda.
De esta manera, Silvia Domínguez vinculó sus críticas a un posteo en Facebook que formuló Santiago Díaz, director de RIK 9, una brigada canina con sede en Chile, que al viralizarse en redes sociales, trascendió que este hombre estuvo en contacto con los familiares de la nena desaparecida.
En tal sentido, el especialista chileno contó que decidió hacer pública esta situación porque están aguardando por alguna respuesta del gobierno de San Luis para asistir en la búsqueda con perros de rastros específicos, que están especialmente entrenados para estos casos. «Hemos ofrecido nuestros servicios hace una semana y ni siquiera nos han contestado por un sí o un no y lo que más me preocupa es el tiempo que se está perdiendo», afirmó Díaz, agregando que su personal está apostado en Laguna Paiva (Santa Fe), esperando el visto bueno.
Para la abuela materna de Gaudalupe Lucero Cialone, «la Policía no tiene nada, los rastrillajes que están haciendo parece que son para fomentar el turismo y pido que para eso no usen a mi nieta». «Todos los días cuando llega la noche no tenemos nada y la responsabilidad no es de la Policía, sino de los que están arriba», en alusión al gobernador Alberto Rodríguez Saa.
En tanto, durante la víspera, en el día 12 de la búsqueda, se llevaron adelante allanamientos y rastrillajes en las villas turísticas El Trapiche y Virorco.
También hubo nuevas excavaciones en la «zona cero», donde está situada la casa de la que desapareció la pequeña cuando jugaba en la vereda con sus primos en el barrio 544 viviendas Hoy domingo continuarán los procedimientos en lugares aún no determinados, además de aguardarse por órdenes judiciales para allanamientos.
A un día de cumplirse las dos semanas de la desaparición de la pequeña Guadalupe Belén Lucero Cialone.
¿DONDE ESTA?
Suman pesquisas para la búsqueda eEl procurador general de San Luis, Luis Martínez, resolvió sumar a la investigación a todos los ministerios públicos fiscales de la provincia y en tal sentido, con la colaboración de las tres circunscripciones judiciales se busca «redoblar los esfuerzos en la búsqueda y dar cumplimiento a todas las medidas que el juez Ariel Parrillis considere pertinentes y necesarias». De esta manera, dos nuevos fiscales se incorporan al trabajo de investigación.
Se trata de Virginia Palacios Gonella y Esteban Roche, quienes actuarán junto a la fiscal originaria de la investigación, María del Valle Durán, y a los jueces Ariel Parrillis en lo Penal y Daniela Benenatti, titular del juzgado de Niñez y Adolescencia de San Luis. Con esta «movida» se descarta, por el momento, que la causa se traslade al fuero federal como consideran los abogados defensores de los padres de Guadalupe Lucero Cialone, Héctor Zavala y Santiago Olivera Aguirre, ya que ellos presumen que se puede estar ante un caso de trata de personas.
