Gómez Alcorta: «es falso» que la anulación del DNU permita «el ingreso de narcotraficantes y delincuentes»
Por Alejo Pombo
La ministra de Mujeres, Genero y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró la derogación del decreto emitido durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri que modificaba la ley de Migraciones, y aseguró que «es falso» que la anulación del DNU firmado en 2017 permita «el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina».
«La oposición hace alusión a que ahora con la derogación del decreto se va a permitir el ingreso de narcotraficantes o delincuentes a la Argentina: eso es absolutamente falso», remarcó Gómez Alcorta.
La funcionaria recordó que «la ley original, que estaba antes del decreto inconstitucional de Macri, es muy explícita» y mencionó que en su artículo 29, inciso C, se establece que «son causales para impedir el ingreso o la permanencia a quien fue condenado o esté cumpliendo condena o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, estupefacientes, lavado de dinero o delitos que sean reprimidos con tres años o más de prisión».
«La ampliación que había hecho el decreto de Macri era sobre cualquier delito que tuviera pena de privación a la libertad», mencionó la ministra, para luego comentar «el temor que tienen las mujeres migrantes, que en general viven en la informalidad laboral, de que por una detención ante una contravención implique su expulsión del país».
Sobre ese punto, Gómez Alcorta subrayó: «Eso es vulneratorio a los derechos constitucionales» y luego reafirmó que «las menciones que por estas horas hace la oposición tienen un profundo contenido ideológico muy claro».
«Hablamos de un sector de la política que entiende a los migrantes como delincuentes y a los vendedores ambulantes como peligrosos.
Hay mala fe, porque la ley es clarísima en que de ningún modo alguien que cometa un delito grave estaría exento por esta modificación», indicó.
Además, la ministra destacó que «desde 2004 la Argentina tiene una política migratoria acorde a los estándares internacionales de Derechos Humanos y reconocida a nivel internacional», y afirmó que «en 2017 el gobierno de Macri, por medio de un DNU, modificó esa ley con una mirada que claramente asimila temas de migración a problemas de seguridad nacional, con un discurso xenófobo y racista».
«Aquel decreto fue enormemente cuestionado por organismos internacionales. Se judicializó y la Sala Quinta de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su inconstitucionalidad íntegra. En el marco de esta situación, el DNU de hoy lo único que viene a hacer es derogar aquel decreto y dejar vigente la norma original», enfatizó.
«Acto de propaganda» Por su parte, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que el derogado decreto «fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos» en esa dependencia, durante la gestión de Cambiemos.
Carignano dijo -en un comunicado- que «es mentira la información deliberadamente malintencionada que están dando algunos dirigentes de la oposición» porque «los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el Decreto 70 y en la ley que se restituye».
Dejó en claro que «el Decreto 70 fue un acto de propaganda que solo sirvió para ocultar los delitos cometidos en Migraciones durante la gestión macrista». «Fue una acción propagandística sin consecuencias reales en la administración de nuestras fronteras, que se basaba en sentimientos xenofóbicos como un acto de propaganda y falsa mano dura contra la delincuencia», completó.
Para la funcionaria, «la estigmatización de grupos por su color de piel, religión o nacionalidad es algo muy conocido en la historia y tiene nombre: fascismo».
Carignano explicó que «la única diferencia significativa entre la vigencia del Decreto 70 durante el macrismo y la de la Ley Nacional de Migraciones es la cantidad de expulsados del país», pero «esto se debió a la creación de una Dirección de Extranjeros Judicializados, que se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado».
Elizabeth Gómez Alcorta «Hablamos de un sector de la política que entiende a los migrantes como delincuentes y a los vendedores ambulantes como peligrosos», dijo la ministra.
