Funcionarios de San Luis deberán someterse a narcotests o enfrentar cese de funciones
Por Alejo Pombo
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, fue el primero en realizarse un narcotest, un examen que, aunque enmarcado en el decreto 10.936, está alineado con los objetivos de la recientemente aprobada Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que busca detectar el uso de drogas ilegales y el abuso de drogas legales entre funcionarios públicos. Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, informó que los demás miembros del gabinete también serán evaluados la próxima semana en colaboración con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Según Bazla, esta medida alcanzará a cerca de 10.000 personas, incluyendo funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, personal de la policía, del servicio penitenciario y de la salud pública de San Luis. Cada test tiene un costo estimado de $90.909, lo que representa una inversión de más de $909 millones para el Estado provincial.
Respecto a la normativa, la ley prevé una modalidad aleatoria para estos controles, pero Bazla explicó que el decreto actual aún no establece esta aleatoriedad, permitiendo a los funcionarios conocer cuándo serán testeados. Además, aclaró que el alcance incluye tanto drogas ilegales como drogas legales abusadas, como el clonazepam, debido a los efectos negativos que el uso indebido puede tener sobre la personalidad.
El secretario subrayó que, en caso de un resultado positivo o de negarse a realizar el examen, el funcionario afectado cesará en sus funciones. Asimismo, aclaró que la Ley de Protección de Datos Personales será estrictamente respetada en todo el proceso, que también contempla la contención y rehabilitación para quienes enfrenten problemas de adicción.
