Por Alejo Pombo
Tras el silencio de una semana por el «impacto» del DNU de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el AMBA, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, fue recibido en Olivos por el presidente, en otra estrategia de ordenamiento interno del oficialismo, pero también en un gesto hacia el funcionario. Ahora se analizará establecer un regreso a las aulas «administrado» para el 3 de mayo, donde se les dé relevancia a «los grupos prioritarios» del alumnado.
De esa reunión, surgió la decisión de enviar una carta firmada por los ministros de Educación y de Justicia (Martín Soria) a las cámaras que agrupan a los colegios privados a los fines de hacerles saber la plena vigencia del DNU 241 que modificó el actual DISPO e interrumpió las clases. En pleno embate con el gobierno porteño por la judicialización del decreto presidencial, en el oficialismo destacaron además que la comunicación buscó atender «la legítima preocupación de las familias y los trabajadores del sector ante lo que señalan como incumplimientos» de los directivos de los colegios que siguen al pie de la letra la manda de las autoridades porteñas.
Unificar criterios
Fue en este contexto que la foto del presidente Fernández y Trotta buscó unificar una posición del gobierno en cuanto a la primacía de la emergencia sanitaria por el coronavirus por sobre el derecho a la presencialidad educativa. En Casa Rosada insisten que lo que se buscó con la controvertida medida fue disminuir los contagios. «No podemos cortar la actividad industrial y comercial para bajar la circulación, por la crisis actual. Entonces había que elegir. Sí teníamos que bajar la circulación de personas por la curva empinada de casos. En 10 días van a ser más, por eso lo que queremos aunque sea es desacelerar la velocidad de contagios», admitió una calificada fuente gubernamental.
Cerca del ministro aducen que el «descongelamiento» de la tensión ocurrió el viernes pasado con un llamado del presidente y luego con la entrevista que éste le concedió el domingo en Olivos. Ese día el jefe de Estado autorizó a Trotta a nombrar como secretaria de Educación a Marisa Díaz, una funcionaria de su confianza, en un cargo vacante luego de la salida de Adriana Puigross.
El miércoles 14 el ministro había quedado desautorizado cuando horas después de haber ratificado las clases presenciales, el primer mandatario llevó a cabo su recordado discurso en una cuasi cadena nacional en el que endureció las restricciones en el área metropolitana.
«Lo sorprendió porque venían hablando con Vizzotti y Meoni (Transporte) de ir hacia un esquema intermedio, para bajar la circulación.
Hoy con el presidente volvieron a hablar de administrar la presencialidad como se había hablado en el Consejo Federal de Educación (CFE)», explicó, a su turno, una fuente del Palacio Pizzurno.
Prioridades
Esta propuesta, que ha vuelto a recobrar vigencia, plantea un regreso a las aulas de los «grupos priorizados» de la educación obligatoria, como los alumnos del primer ciclo y de los últimos años de primaria y secundaria.
«Es seguir reduciendo la circulación, pero sin cancelar las clases presenciales. Administrar la presencialidad con grises», graficó la fuente consultada.
Según este criterio, serán las propias jurisdicciones quienes deberán determinar qué grupos podrán concurrir a los establecimientos educativos. Los casos de coronavirus, según el semáforo de riesgo epidemiológico, siguen en curva creciente: hay departamentos de 23 provincias con «riesgo alto». En el caso de CABA, que mantiene por ahora la determinación de seguir con las clases presenciales, no habría hoy margen de diálogo para consensuar esta propuesta.
Sí ayer el Ejecutivo decidió una medida audaz a la espera de la resolución de la Corte Suprema sobre la vigencia o no del DNU presidencial hoy desconocido por la justicia porteña.
Con la citada carta, presionó de alguna manera a los colegios privados para que acepten un «pacto de convivencia» y respeten la decisión de no concurrir a clase por el riesgo sanitario por parte de docentes y de estudiantes.
La misiva, en este sentido, solicita que se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, «quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales».
Se les recuerda a los directivos que la resolución judicial dictada el 21 de abril de 2021 por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 en el expediente «Jefatura de Gabinete de Ministros s/ Inhibitoria», dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021.
En este sentido, las autoridades nacionales resaltaron la obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que alumnos reciban clases no presenciales y los trabajadores «no sean forzados a exponer su salud» en medio del crecimiento exponencial de casos. Por esto mismo, en la carta se solicitó que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.
Hoy Trotta recibirá a las autoridades del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que habían pedido la intervención del gobierno ante la «intransigencia» de los dueños de los colegios, y también a dirigentes de asociaciones que nuclean a las escuelas de gestión privada.
