Exigieron la liberación de Sala, en el primer aniversario de su detención
Organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos realizaron hoy protestas en diferentes puntos del país, una de ellas en el Puente Pueyrredón, que une Capital y Provincia de Buenos Aires, para exigir la liberación de la dirigente social Milagro Sala, al cumplirse un año de su detención.
Organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos realizaron hoy protestas en diferentes puntos del país, una de ellas en el Puente Pueyrredón, que une Capital y Provincia de Buenos Aires, para exigir la liberación de la dirigente social Milagro Sala, al cumplirse un año de su detención.
Los organizadores advirtieron, asimismo, que en Jujuy se vive «un estado excepción» y afirmaron que iniciarán acciones legales contra los denunciantes de Sala.
Integrantes de organización Tupac Amaru, acompañada de otras agrupaciones, se manifestaron en el Puente Pueyrredón, que une la ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Avellaneda, y denunciaron que la policía intentó impedir la marcha.
En esa movilización también estuvieron dirigentes kirchneristas, entre ellos el diputado nacional Andrés «Cuervo» Larroque y el ex vicegobernador Gabriel Mariotto.
El puente fue cortado al tránsito en forma parcial a las 13, en el marco de un operativo policial desplegado en la zona y los manifestantes caminaron portando un cartel que decía: «por el trabajo y la dignidad Milagro Sala».
En Jujuy, en tanto, se hizo una olla popular frente al penal donde permanece alojada la dirigente social, en el barrio Alto Comedero de San Salvador.
La agrupación Tupac Amaru, liderada por Sala, organizó una conferencia de prensa en la que reclamó su «inmediata libertad», en la que participaron el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, el titular del Cels, Horacio Verbitsky, el dirigente sindical Hugo Yasky, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida y dirigentes políticos de la oposición.
En un documento, advirtieron que «en la provincia de Jujuy hay un estado de excepción» y anunciaron que iniciarán acciones legales contra los denunciantes de Sala, entre ellos el gobernador Gerardo Morales, «por el escándalo jurídico e institucional que significa que un gobernador invente un testigo».
De esta forma se refirieron a René Arellano, un testigo de cargo en el juicio contra Sala por el escrache sufrido en 2009 por Morales.
Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner, en tanto, difundió un video en su cuenta de la red social Twitter y escribió: «Hoy se cumple un año de la privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala, presa política».
La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de «ilícita, arbitraria» la detención de Sala y, en declaraciones a Radio del Plata, advirtió que cuando el gobierno de Mauricio Macri asumió «nunca» pensó que «se iban a tomar medidas de venganza, de odio, de revancha», porque hablaba «de unidad».
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional destacó que la detención de la líder de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur es «arbitraria», sostuvo que fue encarcelada «preventivamente» por una protesta social y afirmó que «esto viola garantías del debido proceso y su presunción de inocencia».
«Los procesos contra Sala ocurrieron en un contexto de vulneración de la independencia judicial debido a que varios funcionarios judiciales y contravencionales que intervinieron en las causas en las que Sala está involucrada fueron designados por el gobernador (Gerardo) Morales», advirtió la organización en un comunicado de prensa.
Sala permanece detenida por una serie de causas vinculadas al manejo irregular de fondos de la Nación, destinados a la construcción de viviendas.
La dirigente social fue condenada a tres años de prisión en suspenso por daños durante un escrache realizado en 2009 contra dirigentes radicales, entre ellos Morales.
A raíz de otro juicio, por el campamento piquetero realizado entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, se le prohibió participar en organizaciones durante tres años y tres meses y el pago de una multa de 3.780 pesos.