Los independentistas de Cataluña aprobaron hoy la ley para dar cobertura legal al referéndum de secesión unilateral de España del 1 de octubre, en medio de gran tensión política y de denuncias de la oposición de que se pisotearon sus derechos y los de todos los catalanes en aras de una incitativa antidemocrática.
Gracias a su mayoría en el Parlamento catalán, los independentistas sacaron adelante la ley de la consulta con 72 votos a favor, 11 abstenciones y ningún voto en contra, por la ausencia de socialistas, liberales y conservadores, todos ellos opuestos a la medida.
Luego de aprobarse la ley, el presidente catalán, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los demás integrantes del Ejecutivo de Cataluña firmaron sobre una carpeta la convocatoria oficial del referéndum en una ceremonia en una de las salas del Parlamento regional.
Al término de una jornada vertiginosa e inédita, el gobierno catalán consumó así lo que supone el mayor desafío a la unidad de España desde la transición, además de la peor crisis institucional en décadas.
Ante el paso dado por Cataluña, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, puso en marcha los mecanismos jurídicos para voltear las decisiones adoptadas por el Parlamento catalán, con la intención de salvaguardar el Estado de derecho ante lo que consideró un «grotesco ataque» a la Constitución.
En una clima de máxima tensión con Madrid, la agencia de noticias pública catalana ACN informó que agentes de la policía española rodearon al caer la tarde una imprenta de la ciudad catalana de Constantí donde se podría imprimir el padrón para el referéndum.
Los agentes policiales revisaron autos de los empleados en el cambio de turno en busca de «posibles documentos relacionados con el referéndum», afirmó ACN, que citó a fuentes de la imprenta.
Los secesionistas, nucleados en la coalición Junts pel Sí (juntos por el sí, JxS), tenían marcado en rojo el día en el calendario, pero jugaron a la distracción hasta el último momento, conscientes de que la vía elegida para llevar a cabo su plan está plagada de dificultades, puesto que traspasa los límites de las leyes españolas.
Tal es así que utilizaron su mayoría y los atajos legales a su disposición para concretar su objetivo.
Así, esperaron hasta el inicio de una sesión plenaria ordinaria convocada en el Parlamento para pedir la alteración del orden del día con la intención de debatir y aprobar la ley del referéndum por una vía rápida y con sólo dos horas para que la oposición propusiera sus enmiendas.
La oposición no independentista consideró «escandaloso» que se pretenda incluir en el orden del día la ley del referéndum con atajos, y coincidió en que se estaban «pisoteando sus derechos» y vulnerando el propio reglamento del Parlamento regional.
Mientras tanto, a las puertas del Parlamento catalán, en el parque de la Ciudadela de Barcelona, pequeños grupos de partidarios y detractores de la secesión se enfrentaban a gritos, a favor y en contra de la independencia.
«Mussolini, Hitler y Franco (dictadores) votarían no, ¿y tú?, podía leerse en una pancarta de apoyo al referéndum del 1 de octubre, mientras en otra decía: «1-O, Estafa antidemocrática».
Luego de marchas y contramarchas, sobre el final de la tarde, finalmente comenzó el debate sobre la ley del referéndum.
«No es un debate de legalidad sino de legitimidad. Saben que el derecho de autodeterminación abre puertas, por eso tienen miedo», dijo Gabriel, del partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP), que conduce junto con JxS el proceso de secesión de Cataluña.
Gabriel instó al presidente Puigdemont a asumir ahora su responsabilidad de poner las urnas: «Sabemos que necesitaremos desobediencia social e institucional», dijo.
«No queremos que una élite política nos secuestre del país que hemos construido entre todos, no lo vamos a permitir», advirtió a su turno Xavier García Albiol, el líder catalán del Partido Popular (PP), de Rajoy.
«Todos saben que esta ley no entrará en vigor jamás, y que el referéndum no se celebrará porque es un ataque a la democracia», añadió el diputado conservador luego de subrayar que «nadie» en Europa ni en el resto del mundo «apoyará a unos políticos que se creen por encima de la ley y llevan a su población al choque y la fractura».
Desde la izquierda catalana, en la que está integrada el partido Podemos, el diputado Lluis Rabell recordó que ellos apoyan un referéndum pero denunció que lo que pretenden hacer sea «excluyente» y que «no reúna los requisitos internacionales».
«La ley se aprueba a tres semanas del referéndum, no hay un censo electoral, no hay garantía de pluralidad en los medios, etc», subrayó Rabell, quien también consideró «profundamente antidemocrático» el procedimiento de aprobación de la ley.
«No queremos avalar un proceso ilegal sin garantías. Pero la primera legalidad con la que ustedes rompen es la catalana», afirmó el socialista Miquel Iceta, recordando que para modificar la ley de autogobierno de Cataluña es necesario el apoyo de dos tercios de la Cámara, algo que no tienen los independentistas.
Inés Arrimadas, líder del partido liberal Ciudadanos, quien lidera la oposición, remarcó que en su programa los independentista no llevaban ningún referéndum «porque decían que ya lo habían hecho», en referencia a las elecciones plebiscitarias que ganaron en septiembre de 2015.
Ahora, «lo único que les queda es jugar en el terreno de la CUP, el de la desobediencia, están apostando por la división», espetó a los independentistas, antes de que se zanjara el debate.
