20 noviembre, 2026

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen permanente de discapacidad

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Con 71 votos afirmativos, el Senado convirtió en ley un régimen permanente de discapacidad que reemplaza la emergencia vigente hasta diciembre. La norma mantiene las pensiones, prestaciones y cobertura de salud, fija plazos para cancelar deudas con prestadores y abre una nueva discusión sobre el financiamiento para 2027.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el nuevo régimen permanente de discapacidad, con 71 votos afirmativos y sin rechazos. La iniciativa reemplaza el esquema de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre y mantiene las principales prestaciones y beneficios para las personas con discapacidad, aunque la discusión sobre el financiamiento continuará en el tratamiento del Presupuesto 2027.

La norma, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, había obtenido media sanción en Diputados el 22 de octubre, con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.

Entre sus principales disposiciones, conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También permite compatibilizar el cobro de esa prestación con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Además, mantiene el nomenclador único de prestaciones, establece la actualización automática de los aranceles según la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura de Incluir Salud.

La legislación incorpora mecanismos de control mediante el cruce de información entre organismos como ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Plazos para reglamentar y pagar las deudas

Uno de los puntos incorporados durante el tratamiento legislativo establece que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley.

También se incluyó un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores del sistema de discapacidad. El Gobierno deberá comunicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos y contemplar la cancelación de las deudas dentro de los 90 días para quienes hayan completado los trámites administrativos correspondientes.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la aplicación de la normativa tendrá un costo fiscal de $598.912 millones para 2027.

Unanimidad en medio de fuertes cruces políticos

La votación se produjo después de una extensa sesión atravesada por cuestionamientos del peronismo al oficialismo por las demoras en el tratamiento y la implementación de políticas destinadas al sector.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios políticos representa un paso hacia un régimen estable.

«Estamos saliendo de una emergencia y estamos planteando certeza para generar transparencia y previsibilidad», afirmó. También consideró que la votación expresaba un acuerdo social y político.

Desde el peronismo, Juliana Di Tullio cuestionó la gestión nacional y reclamó el pago de las deudas con los prestadores. «Dejen de decir que los discapacitados mienten y páguenle a los prestadores», expresó durante su intervención.

Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski anticipó el acompañamiento de su bloque, aunque advirtió sobre las limitaciones de la iniciativa: «Esta ley no es buena y tiene muchísimas objeciones, pero es la mejor ley que podemos sancionar hoy».

El reclamo opositor también estuvo centrado en la necesidad de garantizar los recursos para cumplir con las prestaciones y obligaciones establecidas.

El financiamiento, la discusión que continúa

Pese al respaldo unánime, la sanción no cerró la discusión sobre los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema.

Desde la oposición reclamaron que las partidas correspondientes queden contempladas en el Presupuesto 2027, que el Senado tiene previsto tratar la próxima semana. La preocupación está vinculada con la posibilidad de que los beneficios reconocidos por la ley no cuenten con los fondos suficientes para su implementación.

Durante el debate, también se cuestionó que el proyecto presupuestario original no contemplara adecuadamente las obligaciones que establece el nuevo régimen.

La sanción dejó sin tratamiento las iniciativas que buscaban extender la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027, presentadas por Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares.

De esta manera, el Congreso reemplazó el esquema de emergencia por una normativa permanente. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá de la reglamentación del Ejecutivo y de la disponibilidad de los recursos presupuestarios necesarios.

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