18 mayo, 2024

El Presidente calificó al fallo como un «estrago jurídico»

Para Alberto Fernández, el tribunal porteño tomó medidas «»del exclusivo resorte de la Justicia Federal». El ministro de Justicia Martín Soria, junto a otros dirigentes, dijeron que fue «un mamarracho».

Por Alejo Pombo

El presidente Alberto Fernández calificó como «un estrago jurídico» a la decisión de la Justicia porteña que autorizó las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, crítica que encontró su eco en varios referentes del Frente de Todos, pero también de otros espacios de la oposición.

«Lo que hicieron es un estrago jurídico. Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la Justicia Federal», sentenció el mandatario.

En declaraciones a El Destape Web, Fernández insistió: «No estamos dictando medidas de política educativa, son medidas de política sanitaria en una pandemia. Por eso la ciudad fue directo a la Corte Suprema».

En la misma línea se pronunció el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, quien destacó la decisión del presidente de «preservar la vida de miles de argentinos» y dejó claro que el fallo «no dictó políticas educativas».

«El presidente tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos», publicó el ministro en su cuenta de la red social Twitter.

Y sentenció: «Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política».

«La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», concluyó Soria.

Circulación A su turno, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió que el «problema» no son las clases sino la «circulación» de personas.

«En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de lado de Provincia, hay 3 millones de chicos escolarizados. Si les agregamos familiares y docentes, llegamos a 6 millones de personas: la mitad de la población del AMBA», subrayó Gollan, mientras enfatizó: «Esa circulación hay que frenar».

En concordancia, la legisladora porteña por el Frente de Todos Claudia Neira afirmó que «llamaron al desacato» e «hicieron «Forum Shopping». «Consiguieron que la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad haga el mayor mamarracho jurídico que he visto. ¿Quién está a cargo de la vida y la salud de los porteños y porteñas, a partir de mañana? ¿Un Tribunal?», lamentó en las redes sociales.

Desde el Frente de Izquierda, la presidenta del bloque PTS, Myriam Bregman, explayó: «La misma Cámara de Apelaciones que desde agosto 2019 no resuelve la apelación con la que el gobierno de CABA logró frenar la aplicación de la sentencia que obtuvimos y que obliga a construir escuelas, ahora se expresa en tiempo récord cuando (Horacio Rodríguez) Larreta lo necesita. íQué sorpresa!».

A su vez, el legislador porteño y secretario general del Partido GEN, Sergio Abrevaya, expresó que «hay que cumplir el fallo, docentes y padres también» y agregó: «Es una prerrogativa y una obligación constitucional de las provincias garantizar la educación».

En tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, alegó desde sus redes sociales: «Estamos en pandemia. En una segunda ola brutal. El sistema de salud estresado.

La Ciudad con récord de casos y sistema saturado. ¿Qué parte no se entiende? Están pasando un límite peligroso para la vida y la democracia misma».

Finalmente, el ex ministro de Educación de la Nación y actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, explicó: «La Justicia de CABA no sólo será responsable por las nuevas víctimas de la pandemia que se generarán, sino de la suspensión futura de clases que sucederá cuando se agrave la situación.

Merkel en Alemania cierra las escuelas ante más de 200 casos por 100 mil habitantes, Buenos Aires tiene 5 veces más». «El problema no son las clases, sino la circulación. En el Conurbano hay tres millones de chicos escolarizados. Con familia y docentes, son seis millones», explicó Gollan. Fernández cree que la Justicia porteña fue más allá de sus funciones.