El Gobierno y las empresas de colectivos vuelven a sentarse el martes
Luego de no llegar a acuerdo el jueves, el Gobierno y las empresas de colectivos del AMBA negociarán el martes en una mesa técnica encabezada por el secretario de Transporte, Fernando Herrmann. El eje será la deuda de $120.000 millones en subsidios impagos y la brecha entre el precio real del gasoil —hasta $2.444 por litro— y lo que el Estado reconoce en la estructura tarifaria: $1.750.
Sin acuerdo, con una deuda millonaria y bajo amenaza de nuevas reducciones de servicio: el Gobierno y las empresas de colectivos vuelven a negociar el martes.
Luego de que la reunión del jueves entre la Secretaría de Transporte y las cámaras del sector no terminara con ningún acuerdo concreto, el Gobierno y las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverán a sentarse el martes por la mañana en una mesa técnica. El objetivo oficial es avanzar en una reestructuración integral del sistema y definir variantes para el pago de la deuda acumulada. El objetivo de las empresas es más directo: cobrar lo que se les debe.
«No, no hubo acuerdo», resumió ante medios especializados un directivo de una de las cámaras del sector tras la reunión del jueves. «Hay una mesa técnica, que se reunirá el martes, para evaluar cómo resolver la disparada del gasoil sin trasladarla a tarifa. También hay un compromiso de las cámaras de hacer todo lo posible para mejorar los servicios», agregó, aunque aclaró que existe una «situación dispar» entre las distintas empresas. La lectura desde el sector privado es más áspera: «Crearon una comisión, ¿para qué? Para nada. El martes, por supuesto, estaremos allí, pero en concreto, en la reunión de hoy había un punto central, que era la deuda.»
Quiénes estarán y qué se discutirá
La cita estará encabezada por Fernando Herrmann, secretario de Transporte, junto al secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. Participarán representantes de las cinco cámaras del sector: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).
La mesa técnica, que será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor, tiene dos ejes formales: propuestas de reorganización del sistema y variantes para el pago de las deudas pendientes. Sin embargo, antes de esa reunión, el lunes desde las 12 las cámaras mantendrán un encuentro con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para coordinar «medidas estructurales», aunque desde el entorno del gobernador Axel Kicillof aclararon que los cambios en la estructura de costos dependen exclusivamente del Gobierno nacional.
El conflicto de fondo: gasoil, deuda y un dilema sin salida fácil
El origen del conflicto tiene una explicación concreta. Según un comunicado de la AAETA, el sistema enfrenta una brecha insostenible entre el costo real del combustible y lo que el Estado reconoce en la estructura tarifaria: mientras las empresas adquieren el gasoil a valores de entre $2.100 y $2.444 por litro —una suba impulsada por el conflicto en Oriente Medio—, la estructura de costos oficial solo reconoce $1.750 por litro, fijada con precios de enero de 2026. El combustible representa el 60% del cálculo total de los subsidios.
A eso se suma una deuda acumulada que, según denuncian las cámaras, ronda los $120.000 millones por subsidios impagos de enero, febrero y marzo. Como primer gesto para descomprimir la tensión, la Secretaría de Transporte depositó el anticipo del 60% de los subsidios de abril en el cuarto día hábil del mes, como establece el esquema habitual. Eso permitió que algunas líneas comenzaran a normalizar gradualmente su funcionamiento, aunque con diferencias según la situación financiera de cada empresa.
El dilema que enfrenta el Gobierno es estructural: aumentar los subsidios implica mayor gasto fiscal en un contexto de ajuste; trasladar los costos a tarifas impacta en la inflación y en el bolsillo de millones de usuarios. Las tarifas mínimas en el AMBA ya oscilan entre $700 y más de $870 según la jurisdicción, y acumulan subas por encima de la inflación en lo que va del año. Ese aumento sostenido además provocó una caída en la cantidad de pasajeros, lo que erosiona aún más los ingresos del sistema.
Por ahora, la estrategia oficial combina pagos parciales, negociación abierta y promesas de reforma. El servicio empieza a estabilizarse, pero el conflicto que expuso la fragilidad estructural del sistema sigue sin solución definitiva.
