El Gobierno negociará con la CGT la reglamentación de la reforma laboral

Por Alejo Pombo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, iniciará esta semana la redacción del decreto reglamentario de la modernización laboral aprobada en la Ley Bases. Su objetivo es acordar con la CGT la redacción de algunos puntos para mitigar los efectos de los artículos que los sindicalistas consideran perjudiciales.

La mesa chica de la CGT se reunirá en los próximos días para alcanzar una tregua interna en la disputa entre los sectores dialoguistas y el liderado por Pablo Moyano (Camioneros). Además, analizarán la posible negociación con Cordero sobre la reforma laboral y la invitación de Javier Milei al Pacto de Mayo.

Luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, con dos adiciones en el capítulo laboral al proyecto aprobado en Diputados, Cordero ya había indicado a la CGT su disposición a precisar los alcances del artículo que crea la figura del trabajador independiente que puede emplear hasta tres trabajadores autónomos. Este punto ha sido criticado por los abogados de los gremios, quienes argumentan que podría llevar a la «desprotección laboral».

No será el único artículo sujeto a modificaciones en el decreto reglamentario para evitar que la CGT presente una impugnación judicial contra la reforma laboral de la Ley Bases. Esta semana se realizará una cumbre de abogados sindicales para decidir los puntos a corregir y, si la mesa chica cegetista lo aprueba, habrá un encuentro con técnicos de la Secretaría de Trabajo para buscar una reglamentación que satisfaga a todas las partes.

La propuesta de Cordero es un gesto del Gobierno para reducir las tensiones con la CGT, junto con la flexibilización de la pauta salarial que permite a los sindicatos negociar aumentos ligeramente superiores a las previsiones inflacionarias de junio y julio.

El sector dialoguista de la CGT se muestra conforme con la eliminación de 42 artículos de la reforma laboral, fruto de negociaciones secretas con el Gobierno y el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal. Por ahora, no presentará impugnaciones judiciales de los artículos restantes de la Ley Bases, delegando esa tarea a los sindicatos que se consideren afectados.

Uno de los artículos que el Sindicato de Camioneros objetará ante la Justicia es el que penaliza los bloqueos contra las empresas, considerándolos «grave injuria laboral». Esta disposición otorga a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a los trabajadores que participen en estas medidas. Este punto afecta principalmente a los Moyano y a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República (ATILRA), liderada por Héctor Ponce.

La reforma laboral convertida en ley la semana pasada no es la que Milei proyectaba al ganar el balotaje contra Sergio Massa, pero fue la posible a la luz de las dificultades para negociar y buscar alianzas en estos casi siete meses. El objetivo era generar empleo genuino y reducir el poder sindical.

El Gobierno tuvo que renunciar a 42 de los 58 artículos originales de su propuesta de modernización laboral, incluso rebautizándola para eliminar el concepto de «reforma» que la CGT había demonizado tras el escándalo de sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza. Gracias a estas concesiones, la administración libertaria logró obtener apoyos en la oposición dialoguista, permitiendo la sanción de la ley.

Aunque prospere la negociación entre el Gobierno y la CGT por el decreto reglamentario, quedará otro gran frente de conflicto: la restitución del Impuesto a las Ganancias. Gremios con trabajadores de sueldos altos, como los bancarios, aceiteros y petroleros, entre otros, denunciarán esta medida como ilegítima ante la Justicia. Argumentan que salió con el voto de una sola cámara, ya que el Senado lo había rechazado y el oficialismo logró los apoyos necesarios en Diputados. La Mesa Sindical «El Salario No Es Ganancia», que integran más de 65 gremios, dará una conferencia de prensa para confirmar que denunciará ante la Justicia que el retorno del Impuesto a las Ganancias es «inconstitucional».