El Ejecutivo lanza una oficina para fiscalizar la labor periodística
Bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, el Poder Ejecutivo inauguró la «Oficina de Respuesta Oficial» en la red social X. El nuevo canal busca confrontar directamente a medios de comunicación y actores políticos, bajo la premisa de «desenmascarar operaciones» y erradicar las noticias falsas del debate público.
Por Alejo Pombo
La administración de Javier Milei ha dado un paso audaz y polémico en la reconfiguración de la comunicación pública en Argentina. Con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO) en la red social X, el Estado no solo busca informar, sino ejercer un rol de fiscalizador de los discursos ajenos. Esta nueva dependencia, que opera bajo la órbita de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, marca la institucionalización de una práctica que, hasta ahora, se limitaba a la retórica personal del Presidente: el señalamiento directo y público de periodistas y medios de comunicación.
La narrativa oficial presenta a la ORO como una herramienta para «desenmascarar mentiras» y «garantizar la libertad de expresión». Sin embargo, el lenguaje utilizado en sus primeras comunicaciones —cargado de términos como «casta», «operaciones» y «relatos»— sugiere un propósito más combativo que informativo. Al vincular explícitamente la aparición de noticias críticas con la quita de la pauta oficial, el Gobierno establece una presunción de mala fe sobre el ejercicio del periodismo profesional, reduciendo la crítica a un mero interés económico.
El funcionamiento de esta oficina plantea interrogantes democráticos profundos. A diferencia de un derecho de réplica tradicional, donde un afectado solicita una corrección basada en hechos comprobables, la ORO opera como un emisor de «verdad estatal». Su debut, dirigido contra una nota del diario Clarín sobre el programa «Volver al Trabajo», es un ejemplo de este nuevo paradigma: el Estado no solo ofrece su versión de los hechos, sino que adjetiva la labor de la prensa como una «burda operación».
Este movimiento se inserta en una tendencia global de gobiernos que, valiéndose de la desintermediación digital, intentan debilitar el rol de control que ejerce la prensa. Al centralizar la «verdad» en un canal dependiente de la estructura política —encabezada por Juan Pablo Carreira—, la gestión libertaria desafía el estándar internacional de que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor escrutinio y niveles más altos de crítica en aras del interés general.
