Drama en Neuquén: un niño pasó la noche en una escuela mientras sus padres se enfrentaban en la Justicia
Un niño de 6 años permaneció más de 24 horas dentro del Colegio Millaray de Neuquén en medio de una disputa judicial entre sus padres. La madre denunció que le impedían retirarlo, mientras el padre sostuvo que existían medidas judiciales que restringían el contacto presencial.
El menor permaneció dentro del Colegio Millaray mientras la Justicia intervenía en el conflicto entre sus progenitores. La madre denunció que no le permitían retirarlo; el padre sostuvo que existían medidas que impedían el contacto presencial. Finalmente, el martes por la tarde, el niño salió del establecimiento junto a su madre.
Un niño de 6 años permaneció durante más de 24 horas dentro del Colegio Millaray, en la ciudad de Neuquén, en medio de una disputa judicial entre sus padres por el régimen de cuidado y el vínculo familiar.
El episodio comenzó el lunes, cuando el menor asistió a clases y su madre, Alexandra Sabio, se presentó posteriormente en la institución para retirarlo. Según su versión, las autoridades escolares le impidieron hacerlo debido a medidas judiciales vigentes.
La situación derivó en la intervención de organismos judiciales y de la Policía, mientras el niño permanecía dentro del establecimiento acompañado por profesionales y con acceso a comida y agua. Finalmente, durante la tarde del martes, el menor pudo abandonar la escuela junto a su madre.
El caso expuso públicamente una disputa familiar que lleva años y en la que existen versiones contrapuestas de los dos progenitores.
La versión de la madre
Sabio sostuvo que tenía derecho a retirar a su hijo y cuestionó que se le impidiera mantener contacto presencial con él.
La mujer afirmó que el régimen de cuidado unilateral que había sido otorgado al padre había vencido el 20 de agosto de 2025 y que, por ese motivo, consideraba que podía volver a tener contacto directo con el niño.
También aseguró que había sido absuelta en una causa penal y denunció públicamente que la permanencia del menor dentro del colegio constituía una privación ilegítima de su libertad.
Sin embargo, existen decisiones judiciales posteriores que establecieron restricciones específicas sobre la modalidad de contacto entre Sabio y el niño. Según documentación citada por medios que accedieron al expediente, el Juzgado de Familia N.º 5 de Neuquén había dispuesto en junio de 2026 que la mujer no podía mantener contacto presencial directo con el menor en el ámbito escolar ni utilizar la institución para retirarlo o generar una interacción directa.
Qué sostiene el padre
Claude Staicos, padre del niño y funcionario del Gobierno de Neuquén, dio una versión completamente diferente.
Afirmó que Sabio había obstruido durante años el vínculo entre él y su hijo y que existen medidas de protección que le impiden acercarse a determinadas personas involucradas en el conflicto.
También sostuvo que la Justicia había establecido un régimen de cuidado personal unilateral a su cargo mientras se desarrollaba un proceso de revinculación entre la madre y el menor.
Staicos explicó que no se presentó personalmente en la escuela durante el episodio porque temía que su presencia pudiera provocar un enfrentamiento. Según declaró, cuenta con un botón antipánico y existen otras actuaciones judiciales derivadas del conflicto.
Las acusaciones formuladas por ambos progenitores forman parte de una disputa judicial compleja y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.
Una condena previa contra la madre
Uno de los antecedentes centrales del caso es una condena dictada contra Sabio.
En noviembre de 2025, la Justicia penal neuquina la condenó a seis meses de prisión en suspenso por impedimento de contacto agravado, por hechos correspondientes al período investigado en la causa.
El fallo estableció además distintas reglas de conducta. Entre ellas, restricciones vinculadas con la exposición del menor y el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con el régimen de comunicación.
Este antecedente es uno de los argumentos utilizados por el padre para sostener que la situación actual no puede analizarse únicamente a partir de lo ocurrido en la escuela.
La situación judicial que desembocó en el episodio
El conflicto también tiene como antecedente una decisión adoptada en agosto de 2025, cuando el cuidado del niño quedó temporalmente a cargo de su padre.
Según las actuaciones difundidas sobre el caso, ese esquema tenía un plazo determinado y debía complementarse con un proceso de revinculación con la madre.
La controversia actual se produjo precisamente cuando ambas partes interpretaron de manera diferente el alcance de las medidas posteriores y las condiciones bajo las cuales podía producirse el contacto entre Sabio y su hijo.
El 18 de junio de 2026, el Juzgado de Familia N.º 5 estableció específicamente que la madre no estaba autorizada a mantener contacto presencial directo con el niño en el ámbito escolar y que la comunicación debía ajustarse a la modalidad fijada judicialmente.
El niño pasó la noche dentro del colegio
Mientras la disputa continuaba, el menor permaneció dentro del Colegio Millaray durante más de un día.
La situación generó la intervención del Defensor de Menores N.º 3, Juan Arévalo, y de efectivos policiales. Según los reportes publicados durante el episodio, se dispuso que se garantizara que el niño recibiera alimentación, hidratación y asistencia mientras se resolvía la situación.
El establecimiento educativo quedó así en el centro de un conflicto que excedía sus funciones y que debía ser resuelto en el ámbito judicial.
Finalmente, el niño salió de la escuela
La situación terminó durante la tarde del martes, cuando el niño pudo salir del Colegio Millaray acompañado por su madre.
El desenlace puso fin a una permanencia de más de 24 horas dentro del establecimiento, pero no resolvió el conflicto judicial de fondo entre los progenitores.
La discusión sobre el cuidado del menor, el régimen de comunicación y las condiciones de revinculación continúa bajo intervención de la Justicia de Familia.
El episodio dejó además un interrogante central sobre cómo deben actuar las instituciones educativas cuando reciben órdenes judiciales contradictorias o cuando un conflicto familiar termina trasladándose directamente al ámbito escolar.
Por ahora, lo concreto es que el niño ya dejó el establecimiento. El resto de la disputa —incluidas las acusaciones cruzadas entre sus padres— deberá continuar resolviéndose en los tribunales.
