Diputados aprobó una nueva Ley de Discapacidad y la giró al Senado
La Cámara baja aprobó por amplia mayoría un proyecto que busca garantizar derechos y prestaciones para las personas con discapacidad mediante un régimen permanente. La iniciativa mantiene pensiones, cobertura médica y actualización de aranceles, incorpora garantías presupuestarias y un cronograma para saldar deudas con prestadores. Ahora deberá pasar por el Senado.

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del jueves 22 de octubre una nueva Ley de Discapacidad, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. La iniciativa, acordada entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El proyecto establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad y reemplaza la lógica de emergencia por un marco normativo de carácter permanente. El acuerdo se alcanzó después de una extensa jornada de negociaciones y de modificaciones incorporadas por el oficialismo para sumar el respaldo de la oposición.
Qué cambia con la nueva Ley de Discapacidad
La iniciativa mantiene buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero elimina su carácter transitorio. Entre los puntos centrales figura la compatibilidad entre la pensión por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También conserva el nomenclador único de prestaciones, establece actualizaciones periódicas de los aranceles vinculadas a la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de salud a través del Plan Federal Incluir Salud para los titulares de la pensión.
En materia presupuestaria, el texto dispone que los recursos asignados al área de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio fiscal anterior. Además, contempla auditorías periódicas con cruces de información entre organismos como ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso.
Otro de los puntos incorporados durante las negociaciones establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar, en un plazo máximo de 30 días, un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El acuerdo político y las negociaciones
El respaldo mayoritario fue resultado de conversaciones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición. Durante la jornada, representantes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con organizaciones vinculadas a la discapacidad para evaluar la posibilidad de acompañar el dictamen consensuado, en lugar de insistir con la prórroga de la emergencia hasta diciembre de 2027.
El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y sostuvo que el Estado debe avanzar hacia políticas permanentes en lugar de extender sucesivamente las emergencias. Según planteó, las personas con discapacidad no deberían depender de prórrogas para ejercer sus derechos.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz destacó el trabajo entre bloques y las modificaciones introducidas al proyecto. Sin embargo, advirtió que el desafío será garantizar el presupuesto necesario y el cumplimiento efectivo de las medidas.
La aprobación en Diputados representa un avance legislativo, pero la iniciativa todavía necesita la sanción del Senado para convertirse en ley. Mientras tanto, la discusión sobre el financiamiento y la aplicación efectiva de las prestaciones seguirá siendo central para las personas con discapacidad y sus familias.
