Denuncian a un juez por frenar una causa clave contra Cristina Kirchner que busca recuperar US$1125 millones
Por María Cruz+
Un juez federal es acusado de frenar una causa millonaria contra Cristina Kirchner
El juez Alfredo Silverio Gusmán fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por obstaculizar el avance de un expediente civil contra Cristina Kirchner, que busca recuperar US$1125 millones por daños derivados de actos de corrupción durante su gobierno. La denuncia fue presentada por el presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Antelo, quien acusó a su colega de negarse a firmar digitalmente una resolución clave, dejando paralizada la causa.
El juicio civil fue iniciado en 2018 por la Dirección Nacional de Vialidad, durante la gestión de Javier Iguacel, en paralelo a la causa penal de Vialidad, donde la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. El reclamo económico se fundamenta en licitaciones direccionadas en favor del empresario Lázaro Báez, por obras en Santa Cruz.
Según consta en la denuncia, Gusmán debía intervenir en la resolución de un recurso presentado por Cristina Kirchner para extinguir la causa por presunta inactividad. El juez firmó en papel uno de los fallos posibles, pero luego se negó a validar el documento con su firma digital, lo que impidió que se emita una sentencia. Antelo denunció esta conducta como una maniobra dilatoria con implicancias institucionales graves.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal se encontraba en una situación especial: de los tres cargos disponibles, solo uno —el de Antelo— está cubierto de manera permanente. Por eso, debieron incorporar a jueces suplentes. Ante el desacuerdo entre los camaristas, Gusmán fue sorteado para definir el desempate. Sin embargo, su negativa a actuar dejó en suspenso el expediente.
Además del comportamiento del juez, la denuncia pone el foco en la inacción de la Dirección Nacional de Vialidad, que no impulsó el expediente con fuerza. También menciona los vínculos de Gusmán con Juan Martín Mena, actual funcionario nacional y hombre de confianza del entorno de la expresidenta.
De persistir esta demora, la causa corre riesgo de prescripción, lo que obligaría al Estado a iniciar un nuevo juicio. En ese caso, se perdería la posibilidad de recuperar una cifra multimillonaria que fue fijada como resarcimiento civil. A su vez, se suma a los $84.835 millones en multas y decomisos establecidos en el fallo penal de la causa Vialidad.
El Código Penal prevé sanciones para jueces que «retardaren maliciosamente» la justicia. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura deberá ahora evaluar si inicia un proceso contra Gusmán, que podría derivar en una sanción o juicio político.
