Por Alejo Pombo

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) analiza cómo continuar con el reclamo frente al endurecimiento del control de precios por parte del Gobierno, mientras espera una respuesta al recurso administrativo presentado con el fin de que quede sin efecto la aplicación del nuevo régimen SIPRE.

La cámara presentó días atrás el recurso para suspender la resolución lanzada en medio de la aceleración inflacionaria, mediante la cual las compañías deben informar sobre precios y cantidades vendidas.

Si bien se trata de una acción administrativa, la entidad también analiza llevar su reclamo a la Justicia.

Para COPAL, el SIPRE debe ser «suspendido hasta tanto se evalúe su derogación».

Entre los principales fundamentos señalados, se encuentran «la ilegalidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad» de la resolución.

«Considerando los inconvenientes técnicos, lejos está de ser una medida que atienda a la real situación que atraviesan las industrias de alimentos y bebidas», evaluó y alertó que «intensifica la carga burocrática de las empresas, demandando mayores recursos para atender la normativa establecida, lo que atenta contra la viabilidad, competitividad y sustentabilidad de la industria».

La entidad mantiene así fuertes críticas hacia la decisión del Gobierno de endurecer los controles y obligar a grandes empresas del comercio, la construcción y la industria a otorgar información con el fin de hacer «más sencilla y transparente la cadena de comercialización» en un contexto en el que la suba de los alimentos se mantiene por encima del nivel general de la inflación.

Según un sondeo difundido este martes por la asociación Consumidores Libres, el costo de la canasta básica no cede y experimentó un aumento del 4,1% en marzo, por lo que desde el primero de enero acumuló un avance del 13,2%.

La primera etapa del SIPRE alcanza a firmas del sector alimenticio, materiales para la construcción, electrodomésticos y electrónica, químicos y muebles, por ser considerados segmentos «con más tensiones en precios y abastecimiento».

La medida comenzó a ser implementada luego de que el Gabinete económico advirtiera sobre «aumentos injustificados» a representantes privados de diversos rubros.

En un comunicado, el presidente de la COPAL cuestionó: «Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad».

El también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) aseguró que la «única vía para lograr estabilizar la economía es a través de la generación de más competencias, incentivos a la iniciativa privada y mayor formalidad con menor carga fiscal».

La COPAL también apuntó al congelamiento de precios en el sector desde el inicio de la crisis sanitaria y subrayó que «luego de haberse renovado en siete ocasiones y haber cumplido un año de su implementación», el rubro alertó «en más de una oportunidad el riesgo que representaba para la sustentabilidad de las empresas, debido a los persistentes incrementos de costos que han dejado a los distintos sectores en una situación crítica».

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo, remarcaron que, con el SIPRE, la intención es tener un «monitoreo» para contar con mayor información e incluso con un sistema de alertas tempranas ante faltantes de stock, no tener información sobre la rentabilidad.