28 marzo, 2024

Carrió propone derogar la Agencia Federal de Inteligencia

La líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, presentó un paquete de proyectos que contempla la derogación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y propone en su reemplazo dividir las funciones en dos organismos.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa «Lilita» Carrió, presentó un paquete de proyectos que contempla la derogación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y propone en su reemplazo dividir las funciones en dos organismos, uno dedicado a las actividades de inteligencia y otro para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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Las propuestas impulsadas por Carrió apuntan a eliminar la AFI que reemplazó a la ex SIDE en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando estalló la crisis por la muerte del ex fiscal del caso Amia, Alberto Nisman, por el fuerte poder que tenía el ex agente Jaime Stiuso.

Carrió afirma, en su propuesta, que se debe derogar la Agencia Federal de Inteligencia porque allí es «donde se producen graves violaciones a los Derechos y Garantías de los ciudadanos garantizadas en la Constitución Nacional, facilitando el desarrollo del crimen organizado».

«El nivel de centralización extrema de atribuciones asignada a la AFI va en contra de la práctica en los países europeos de mayor experiencia democrática», asegura Lilita Carrió, quien ayer almorzó con el presidente Mauricio Macri.

Para la líder de la Coalición Cívica se debe hacer «una reforma integral de la seguridad federal para la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas”.

El proyecto de ley crea, por un lado, el Sistema de Inteligencia Nacional y, por el otro, y separado de este, el Sistema Nacional de Investigación con el objeto de luchar contra los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, sedición, tráfico de armas, tráfico de divisas, tortura, tráfico y trata de personas.

En ese contexto, la iniciativa crea dentro del Sistema de Inteligencia la Dirección Nacional de Inteligencia que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional, para procesar, analizar e interpretar la información de fuentes abiertas.

En este proyecto esta dirección no contará con «medios propios de reunión de información ni de investigación, como hasta ahora tenía la AFI, y prohíbe, a su vez, el agente encubierto (es decir, aquellos que cuentan con más de una identidad o doble legajo)».

Además se impulsa un aumento de las funciones y atribuciones del control Parlamentario a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigación.

Carrió propone crear la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, a fin de proporcionar a las Fuerzas de Seguridad la inteligencia oportuna para la prevención del delito y para auxiliar la ejecución de investigaciones.
Por otro lado dentro del Sistema de Investigación se crea la Agencia Nacional de Investigación del Crimen de la República Argentina.

Además, Carrió presentó un proyecto para modificar la ley que provincializó la investigación de los delitos de narcomenudeo.

Sobre este punto, la líder de la Coalición señaló que «el tiempo ha demostrado que la norma en cuestión, lejos de ser instrumento para mejorar la lucha contra el narcotráfico la ha entorpecido, e incluso, ha facilitado el avance del crimen organizado, observándose en este tiempo un recrudecimiento de los delitos conexos como los homicidios por encargo o por venganza».

“Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley 26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, agregó.

En ese sentido, Carrió explicó que “señalamos en su momento que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado».

También señaló que había advertido que «se produciría un fuerte dispendio jurisdiccional causado por cuestiones o conflictos de competencia, y recargaría a los tribunales criminales locales, muchos de los cuáles carecen de los recursos humanos y económicos necesarios y así efectivamente sucedió».

Otro de los proyectos propone la federalización de los crímenes de torturas ya que Carrió sostiene ese delito «debe ser de índole federal aun cuando fuera cometido en el territorio y por funcionarios de las provincias».

Argumento que «tratándose de conductas violatorias de derechos humanos le corresponde la obligación de juzgarlos al Estado Nacional como garante de los derechos humanos de todos sus habitantes».