Mauricio Macri encabezó la habitual reunión de Gabinete, que este jueves generó un interés especial luego de la polémica suscitada ayer en torno al protocolo de aborto no punible firmado por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y revocado horas más tardes por orden del jefe de Estado.
La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, dijo hoy que «el protocolo (sobre el aborto no punible) va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta» y porque «debe tener trámite legislativo», y desde el Gobierno confirmaron que esa resolución seguramente «saldrá publicada mañana» en el Boletín Oficial.
Según admitieron en la Casa Rosada, Stanley firmaría hoy el decreto que dejará sin efecto la actualización del protocolo sobre el aborto, que establecía una guía de conducta obligatoria para todo el país en los casos de aborto establecidos en la ley vigente.
«El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta» del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y «porque debe tener trámite legislativo», dijo la funcionaria en un breve contacto con la prensa al abandonar la Casa Rosada.
Sin embargo, el vocero de la reunión de gabinete nacional -que hoy encabezó el presidente Mauricio Macri- fue el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que confirmó lo que había adelantado Stanley, y sostuvo que la medida «se va a revocar», y que esa resolución seguramente «saldrá publicada mañana».
«Tiene que ver con una cuestión de forma y cómo se toman la decisiones en el Gobierno», sostuvo el funcionario, en una rueda de prensa en la que la medida publicada ayer fue tema único de consulta.
En esa línea, aseguró que «no se hace un juicio de valor sobre el fondo» de la cuestión, es decir el protocolo, «ni tampoco sobre la persona del secretario de Gobierno de Salud», en referencia a Rubinstein, impulsor de la iniciativa.
«Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Mauricio Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el Presidente», y añadió que también los secretarios «saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro».
Sobre si se trató de una falla en la Secretaría Legal y Técnica, que no advirtió el tenor y la importancia de la norma, el ministro lo negó, porque dijo que no hacen un análisis del «fondo» de cada norma, sino sobre su «legalidad».
En otro tramo del diálogo con los periodistas, Finocchiaro contó que Rubinstein dialogó ayer con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el tema. Pero aseguró que al funcionario radical «no se le pidió la renuncia».
«Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada», afirmó el titular de la cartera educativa
«Con respecto a la postura del Gabinete, nuestro gobierno es un gobierno muy plural, este es un tema de conciencia, y hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra, lo mismo pasa con nuestra bancada en el Congreso», expuso.
Consultado sobre qué pasará ahora con el protocolo, Finocchiaro consideró que «es uno de esos tema que tenemos que trabajar con el Gobierno que viene».
«Soy partidario de que un gobierno al que le faltan diez días hábiles para entregar el poder debe administrar, debe cerrar temas de su gestión, pero no debe tomar decisiones en temas sensibles que pudiesen comprometer a la próxima administración», concluyó.
Las actualización del protocolo sobre aborto no punible que ayer se publicó en el Boletín Oficial autorizaba a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, indicaba que quienes tuvieran entre 13 y 16 años, podrían hacerlo sin que se les exigiera la autorización de los padres (si se trataba de un embarazo de menos de 12 semanas) con un aborto medicamentoso y ambulatorio.
El protocolo también avanzaba sobre la responsabilidad de los médicos, al establecer que no podían demorar más de 10 días para realizar la interrupción del embarazo y les recordaba su responsabilidad legal, al señalar que «dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley».
Agregaba que «en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».
