Alberto Pérez negó su responsabilidad con facturas «truchas» para eventos de gestión

El ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez negó hoy ante la justicia su responsabilidad en la emisión de facturas apócrifas por más de 10 millones de pesos para la realización de eventos de gestión durante la administración del ex gobernador Daniel Scioli.

Pérez realizó su descargo ante el fiscal de La Plata Alvaro Garganta, quien lleva a adelante el expediente que se inició en junio a raíz de una denuncia penal de la diputada nacional Elisa Carrió contra Scioli y varios ex funcionarios de su gabinete por lavado de activos, fraude y enriquecimiento ilícito.

En la causa están imputados Pérez, el ex subsecretario administrativo de la Jefatura Walter Carbone, a quien le encontraron en su casa una caja fuerte oculta dentro de una escultura de un dragón, y otros cinco ex funcionarios que deberán comparecer en los próximos días ante la justicia.

Pérez y Carbone están acusados como «coautores» del delito de «peculado de caudales o efectos en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, y con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Para el fiscal, según la causa, Pérez y Carbone «sustrajeron (durante 2014 y 2015) en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas».

Para concretar la maniobra, según el expediente, se realizaron 25 eventos de gestión entre el 6 de enero de 2014 y el 21 de octubre de 2015, para los que Pérez y Carbone autorizaron retiros en efectivo, en su mayoría de entre 300 y 700 mil pesos, a cambio de facturas apócrifas que justificaban el desembolso.

Entre los casos se destaca uno del 21 de octubre de 2015, cuando se realizó el «Evento de Presentación del Sistema Integrado de Coordinación Legislativa», fecha en que se autorizó un retiro en efectivo de 700 mil pesos a través de nueve facturas, de las cuales «seis eran apócrifas», entre ellas la de una librería denominada «Pinocho», por 90 mil pesos.

Pérez quedó imputado de haber firmado los anticipos para los diferentes eventos y Carbone de ser «el beneficiario de los anticipos, y quien efectivamente percibió las sumas de dinero en efectivo autorizadas por cada una de las órdenes extra presupuestarias, libradas por orden del entonces Ministro».

En su declaración de hoy, a la que accedió DyN, Pérez aclaró que como Jefe de Gabinete «no aprobaba los gastos» que se necesitaban para solventar determinados eventos, sino que «sólo autorizaba el evento y el gasto estimado que demandaba», y recordó que «en muchas ocasiones el sobrante se devolvía a Tesorería». Explicó que la realización de los eventos surgía por «demandas de diferentes áreas de la Jefatura de Gabinete», y que una vez solicitado el acto «le correspondía al Subsecretario de Administración el inicio del trámite a efectos de realizar las respectivas actuaciones de pedido de fondos extrapresupuestarios».

«Era el área Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros la que tenía las misiones y funciones para llevar adelante el trámite que hacía a la posible realización de los eventos, y era la que contaba con las personas idóneas para llevar adelante dichos trámites», reiteró Pérez.

Asimismo, sostuvo que la estimación del gasto del evento la hacía «el área de Administración» y que «la ejecución y control» de los consumos «se circunscribían al área administrativa y de los organismos de control de la Provincia».

«Yo pedía que se rindiera cuentas, a pesar de que me exceptuaba la ley, e incorporaba dicha exigencia en cada resolución», sostuvo Pérez, y dijo que «me consta que dichos controles se realizaban porque se hubiese detenido el expediente, o se habrían prendido las alarmas de que no se estaba rindiendo cuentas tal cual se exigía».

Finalmente, consultado sobre la relación que mantenía con Walter Carbone, Pérez dijo que era «una larga militancia conjunta y de relación personal» y recordó que se conocen «desde el año 1989/1990 al igual que a una decena de funcionarios provinciales de nuestro gobierno, que veníamos de una vieja militancia universitaria».

La denuncia contra Pérez y su equipo derivó de una presentación que en junio realizó en la justicia platense la diputada Carrió contra la administración Scioli, y la causa cayó en la UFI 11 a cargo del fiscal, Álvaro Garganta, bajo la carátula «lavado de activos y distintas defraudaciones a la administración pública».

En el marco de la investigación, el 14 de septiembre el fiscal ordenó un allanamiento en la casa que Carbone tiene dentro del famoso country «Abril», ubicado en el kilómetro 33 de la Autopista Buenos Aires-La Plata, donde encontró una caja fuerte de dos metros vacía dentro de una escultura de un dragón.

El 28 de octubre Garganta citó a indagatoria a Pérez, a Carbone, a la ex Directora General de Administración Sandra Mamberti, a las ex contadoras Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli, al ex director de Contabilidad Almada Cayo Ortiz y al ex titular del Departamento de Liquidación y Gastos Omar Moretti.

Pérez declaró hoy y Carbone debía presentarse mañana, aunque fuentes judiciales precisaron que la indagatoria pasó para la próxima semana ya que el abogado del imputado se encuentra fuera del país. El resto comparecerá los días 9, 10, 11, 14 y 15 de este mes, respectivamente.

DyN